Con notoria frecuencia, ciertos dirigentes indígenas han agudizado sus quejas por supuestas persecuciones e insisten en sus reclamos con descaro y fines políticos. El colmo fue el de una niña del grupo saraguro quien, en el salón presidencial y en plena recordación por los 30 años de la adhesión del Ecuador a la Convención de los Derechos del Niño, habría sido manipulada por sus líderes y pidió públicamente al presidente Moreno, en leída intervención, que ordene a las autoridades respectivas que ya no sigan agrediendo a sus hermanos de raza.

Ante tan poco justificado reclamo, el Jefe de Estado respondió -con toda razón- que no existe esa supuesta persecución y que, más bien, determinadas figuras orientales y algunos hasta con pretensiones presidenciales, se han dedicado a quejarse por sí y, más bien, están azuzando a sus seguidores, aunque después lo nieguen enfáticamente, pese a quedar una irrefutable evidencia impresa o grabada, además de tener bastante responsabilidad en los graves incidentes de octubre último, especialmente en Quito y con el trágico saldo de muertos y heridos.

Comentaristas imparciales insisten, más bien, en que las autoridades respectivas deben frenar y, sobre todo, castigar tanto incitamiento al desorden en el país.