Se acaba el año y todas las medidas adoptadas en materia de seguridad por parte del Gobierno para frenar las extorsiones no le han hecho ni cosquillas a este rubro, que es parte de la economía criminal de las organizaciones terroristas y que, en los últimos meses, debido a la crisis energética, que ha tenido un impacto masivo y directo en los hogares, ha pasado ‘de agache’.

Al parecer, las bandas criminales han cumplido su objetivo: sembrar el miedo y demostrar a la ciudadanía que, ante la debilidad del sistema policial y judicial, tienen más poder que el propio Gobierno. De lo contrario, no escucharíamos a diario las quejas de los propietarios de pequeños y medianos negocios, quienes, al no contar con la protección de los grandes, caen fácilmente en las garras de los extorsionadores, quienes bajo amenaza de muerte exigen pagos con total impunidad.

El Gobierno ha centrado su lucha en las muertes violentas vinculadas al crimen organizado, pero olvida esta otra batalla, que pone en riesgo no solo la vida de las personas, sino también la economía que sustenta millones de hogares. El pago de ‘vacunas’ no solo supone un sacrificio personal, sino que también incrementa los costos operativos y de producción, afectando gravemente la competitividad de los negocios.