Uno de los más evidentes y progresivos casos de toda una red de corrupción es el que se ha venido dando, desde hace ya un buen tiempo, por la tramposa emisión de carnés de discapacidad, que sirvieron, la mayoría de ellos, para lograr la adquisición de vehículos importados a un precio mucho más bajo del normal al pasar por alto los impuestos aduaneros.

Es decir que, mediante este procedimiento, se venía estafando al Estado ecuatoriano, aprovechando esta ventaja quienes presentaban supuestas o irreales dolencias que fueron, precisamente, confirmadas o avaladas por ciertos funcionarios del Ministerio de Salud, ente al que le correspondía este control.

En la Asamblea Nacional, la Comisión de Salud ha recomendado el enjuiciamiento político del ministro Juan Carlos Zevallos, de la exministra Catalina Andramuño y de otros personeros, lo que traerá consigo una severa investigación en la que, con toda seguridad, caerá un buen número de empleados sanitarios. Incluso se acusa a determinadas personalidades de la función pública, entre ellos el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Christian cruz, así como a 10 asambleístas. Veamos qué resultados trae esta investigación legislativa que acaba de iniciarse y que de seguro nos traerá sorpresas.