Estamos yendo los ecuatorianos de sorpresa en sorpresa, de indignación en indignación y, sobre todo, de preocupación en preocupación, por las noticias que nos llegan sobre el aumento y el alto número de delitos sexuales que, sobre todo, se producen contra niños y adolescentes en nuestro país. De acuerdo a los datos establecidos -y se presume que tengan una cifra mucho mayor por situaciones no denunciadas y, por ello, aún desconocidas- son más de tres mil los casos de abusos y pedofilia contra la juventud ecuatoriana que no han recibido condena alguna.

Lo sorprendente e indignante de esta situación es el desinterés o quemeimportismo por parte de autoridades, jueces y hasta docentes que poco o nada han hecho por castigar a los culpables.

Por su parte, ante el reclamo nacional, tales personajes aducen que se trata de una legislación obsoleta y permisible que, de cierta manera, está protegiendo a los culpables de tan aberrantes casos. Es decir, que se necesita una revisión urgente de dichas leyes.

Se hace, pues, necesario que la Asamblea tome cartas en el asunto reformando lo legislado al respecto y que se dicten las más severas leyes que protejan a niños y jóvenes, y castiguen a tantos corruptos que gozan de impunidad.