El país ha sido testigo de cómo, desde el regreso a la democracia, dirigentes deportivos han participado en la política, y muchos de ellos han ocupado importantes cargos públicos y de elección popular. Pero, para llegar a tener el respaldo del pueblo en las urnas, primero debieron hacer la ‘conscripción’ en la dirigencia de clubes de fútbol.

En Ecuador, muchos se rasgan las vestiduras y claman defender a las instituciones deportivas de los intereses políticos o de quienes buscan utilizar a los equipos con arrastre popular como plataformas para ganar la simpatía de los hinchas y canjearla por votos. Sin embargo, se quedan calladitos cuando, en plenas funciones dirigenciales, aparecen como candidatos para diferentes dignidades de las próximas elecciones, pasando por alto el artículo 152 de la Ley del Deporte, que obliga al directivo a solicitar licencia mientras dure el periodo electoral.  

Esta contradicción, junto con la falta de cumplimiento de la legislación vigente, deja en evidencia que la voluntad de proteger la independencia del deporte es muchas veces solo un discurso vacío, cuando lo que prima es el interés personal y político. Es crucial que se promueva una verdadera separación de poderes para garantizar que el deporte siga siendo una herramienta de integración y no un trampolín para intereses ajenos a su esencia.