En procesos claves, como las elecciones de autoridades del Consejo de la Judicatura o la selección de jueces de la Corte, no se respetan los procedimientos ni las normativas legales. Esta situación no es algo nuevo. Ya se ha convertido en una práctica que afecta la legitimidad de las instituciones y, por supuesto, la confianza del pueblo.

Un caso que está generando gran controversia es el intento de modificar o pasar por alto las reglas de la Ley de Elecciones durante las transiciones presidenciales. Estas acciones, que buscan ajustar la ley a conveniencia de algunos, no solo muestran un claro desdén por las normas, sino que también ponen en riesgo la estabilidad política del país.

El impacto de ignorar las leyes no se limita solo al ámbito interno; también tiene repercusiones externas. La falta de seguridad jurídica no solo afecta la confianza dentro del país, sino que también aleja a los inversionistas internacionales, quienes son fundamentales para el crecimiento económico.

Y con esta fama, ¿quién va a querer invertir en nuestro país, si no hay reglas claras y confiables? Con lo que está ocurriendo, con la ley manipulada a conveniencia y una institucionalidad débil, parece que un futuro mejor está muy lejos.