Han pasado algunos años desde que el Gobierno ecuatoriano presidido por Correa, por razones poco explicables, decidió proteger a Julian Assange, australiano residente en Londres, fundador de WikiLeaks, contra quien hay procesos judiciales implantados por los gobiernos sueco y británico. Y con el temor de que el régimen norteamericano pudiera pedir su traslado allá, pues habían muy delicadas acusaciones en su contra.

Nuestra Cancillería ordenó su protección, el 19 de junio de 2012, y dispuso su asilo en la Embajada, que es más bien estrecha, aunque está ubicada en un sector céntrico y de fácil acceso. Assange identificó al Ecuador como “un país insignificante”, lo cual dio pauta de su calidad humana.

El colmo de tan cuestionada generosidad nuestra fue que, en los primeros días de enero, en este régimen de Lenín Moreno, la canciller de esos días, María Fernanda Espinoza, otorgó a Assange carta de naturalización y notificó al Foreign Office su designación como “funcionario diplomático” en nuestra Embajada, viveza criolla que el Gobierno británico rechazó drásticamente porque se dijo que habíamos querido engañarlos de forma descarada.

Ahora Assange tiene planteada una molestosa demanda contra el Ecuador. El cinismo y la ingratitud no tienen colores ni fronteras.