La Defensoría del Pueblo podría imponer una multa de hasta 15 salarios básicos unificados a Leonardo Zamora, mánager del influencer Jorge Washington Naranjo Peñafiel, conocido como Jorgito el Guayaco, quien enfrenta acusaciones de presunta explotación y actos deshumanizantes. Esto ocurriría en caso de que Leonardo Naranjo, padre del joven influencer, gane el proceso administrativo que interpuso por supuestos abusos hacia su hijo, a inicios de noviembre.

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El abogado Abraham Aguirre, representante legal del padre de Jorgito, afirmó en una entrevista anterior que el joven, quien padece una discapacidad, ha sido, supuestamente sometido a situaciones degradantes bajo la dirección de su mánager. Entre las acusaciones figuran haberlo enfrentado a un perro de gran tamaño y fuerza, además de involucrarlo en contenido pornográfico.

El marco legal

La Ley Orgánica de Discapacidades establece en su artículo 100 que la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de vigilar y sancionar las vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad. Además, este artículo autoriza dictar medidas de protección obligatorias tanto en el sector público como privado y aplicar sanciones pecuniarias mediante la jurisdicción coactiva.

Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 100 penas para la explotación sexual de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el artículo 172 penaliza la utilización de personas para exhibición pública con fines sexuales.

El abogado Carlos Samaniego explicó que, de confirmarse los hechos, Zamora podría enfrentar una investigación penal. Según el artículo 444 del COIP, la Fiscalía podría solicitar pericias psicológicas y médicas para determinar la condición de Jorgito, con lo cual se podría ratificar su discapacidad.

¿Posibles consecuencias legales?

En caso de que se compruebe la culpabilidad de Zamora, las sanciones podrían ir más allá de una multa administrativa. Samaniego detalló que el mánager podría enfrentar una pena de prisión de 16 a 19 años por explotación y tratos deshumanizantes hacia una persona con discapacidad.

Mientras el caso sigue en proceso, las audiencias han enfrentado varios retrasos. La próxima cita está programada para el 23 de diciembre de 2024. En esta, además de las partes involucradas, participarán representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y especialistas en psicología, quienes buscarán esclarecer los hechos.

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