Sonríen y posan en espera de que algún conductor se les acerque. No necesitan levantar las manos o hacer algún gesto para llamar la atención, pues su atractivo es suficiente para captar las miradas de quienes transitan frente a ellas.

¿Qué ofrecen? Algunas promueven los negocios de la zona, como restaurantes, bares o licoreras (esto último -incluso- en horarios no permitidos), pero otras incluyen algo más en su ‘menú’: sus servicios sexuales.

Esto sucede en la avenida Rodrigo Icaza Cornejo, que divide a los sectores 3 y 4 de los Sauces, en el norte de Guayaquil. Por las noches, sobre todo los fines de semana, en el tramo que está entre las calles Enrique de Grau Ruiz y José María Egas, se ha vuelto común observar estas escenas, donde las protagonistas son migrantes venezolanas.

En el sector, algunos moradores han denominado al sitio como “la 18 chiquita”, en referencia al popular barrio de tolerancia del suroeste porteño.

Un hombre de la tercera edad, quien pasea con su mascota, una caniche blanca, sostiene que a los problemas se suma también la venta de drogas.

Esto ha hecho que se genere también una disputa por ese territorio para la venta de sustancias estupefacientes. Una dirigente del sector, quien omite su identidad por temor, narra que las balaceras son frecuentes. Además, reitera que la venta de licor y la prostitución no se detienen durante la madrugada.

Ella expresa que ha pedido a sus vecinos reunirse para hacer una denuncia formal ante las autoridades, pero ellos, al parecer, se sienten atemorizados.

El coronel Patricio Baquero, jefe policial del distrito Modelo, al que pertenece este sector, coincide con la mujer, porque asegura no recibir el apoyo de los moradores. “Cuando la ciudadanía da la espalda o no quiere ver la problemática que hay en el lugar y solamente endosa todo el problema a la Policía Nacional, se generan problemas”.

Además, sostiene que existe una trilogía de la seguridad que la conforman la Policía, autoridades y ciudadanía. “Estamos trabajando con la autoridad, pero no con la ciudadanía. Necesitamos que sea también parte integral de esto”, expresa.

Intervención

Para el oficial no es ajena la situación de la zona, pero explica que no pueden detener a las ‘chamas’ que ofrecen sus servicios, porque a simple vista no cometen un delito en el sitio. No obstante, señala que se realizan trabajos con otras entidades y unidades de la Policía, para planificar una intervención integral en el sector.

Y hasta que eso ocurra, indica, se efectúan controles y operativos constantes. El jefe policial también menciona que, por ahora, lo que hacen con las jóvenes es “evitar que permanezcan paradas en ese lugar, les hacemos movilizar. Y con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) también coordinamos para que (los conductores que se acercan a ellas) no hagan doble fila”.

Diario EXTRA acudió a uno de estos operativos, la noche del sábado 19 de septiembre. A las 18:00, ya se observaban a policías motorizados en las esquinas, mientras que en los exteriores de una parrillada, otros uniformados y agentes de tránsito realizaban inspecciones a los vehículos que les parecían sospechosos.

El objetivo de los investigadores era buscar armas, porque con ellas se cometen robos a personas y, como aseveran los moradores, los tiroteos por la pugna del territorio entre pandilleros. Pero su presencia también tenía el fin de apartar a las jóvenes, quienes desaparecieron de la vía tras su llegada.

Sin embargo, a eso de las 20:00, cuando los agentes ya habían culminado sus labores de campo, una a una empezaron a regresar.

A una de ellas se acercó un vehículo y mientras hablaba con sus ocupantes, un sujeto, quien permanecía a pocos metros, caminó hacia las otras dos tras notar que se realizaban fotografías en el sector, y tras decirles algo -de forma breve, las muchachas se retiraron.

Para los agentes es complicado estar de forma permanente en el lugar y disuadir con su presencia, dice el coronel Baquero, porque en ese sector “más del 90 por ciento de la actividad policial se distrae en libadores, problemas familiares, riñas callejeras”.

Por eso, lamenta que, “en lugar de estar retirando a los chumados, los policías podrían sumar más patrullajes” en la zona del problema.

“Víctimas”

Karen Peláez, analista en Asuntos Internacionales, explica que en Ecuador la prostitución no es un delito, pero aclara que sí pueden existir infracciones penales a su alrededor, como la trata de personas y la violencia de género.

Además, sostiene que es una situación que “atenta contra el derecho al trabajo digno, porque no podemos confundir la prostitución con un trabajo, porque están utilizando su cuerpo y haciendo una actividad que les puede afectar a su salud. Entonces, allí vamos a otro derecho que se está violando, el de la salud…”.

Peláez detalla que, de acuerdo a cifras internacionales, cinco de cada cien servidoras sexuales lo hacen por voluntad propia. Ella argumenta que no puede hacer una referencia precisa del caso de Sauces 3, porque es algo que apenas se está descubriendo.

Para ella, podría también tratarse de jóvenes que reciben una oferta para una determinada actividad laboral, pero luego se encuentran con una realidad diferente a la que esperaban y es en ese instante que suelen ser amenazadas.

Para la internacionalista, parte de la responsabilidad de esta situación la tiene la sociedad. “Desde mi punto de vista, muy personal, no existe oferta sin demanda. Es decir: no podemos hablar de mujeres prostitutas sin hablar paralelamente de una sociedad prostituyente. Lo explico porque no tendríamos mujeres que se prostituyen sin personas que demanden por ellas”.

“Son explotadas”

El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, menciona que de la situación que ocurre en Sauces todavía no ha recibido reportes, pero el tema de la explotación sexual, con la misma población, lo ha venido tratando ya en otras zonas de la localidad.

No obstante, indica que se tomará en cuenta para tratarlo en conjunto con autoridades de entidades del Estado y otros miembros de su organización.

“El fenómeno de la trata no es nuevo, pero últimamente se ha agudizado seriamente. Utilizan a personas en situación de precariedad, para que terceros se lucren. Su irregularidad, en términos generales, es parte de la problemática”, detalla.

Navarrete explica que no son ilegales por voluntad propia, sino porque no existen procedimientos, en Venezuela y Ecuador, que les permitan llegar a nuestro país con una visa.

Además, agrega que el proceso para solicitar la visa humanitaria concluyó el pasado 13 de agosto, lo que complica aún más su condición. “No hay opción para que se regularicen y que puedan tener acceso a un trabajo medianamente formal que las libre de vulneraciones, como la explotación sexual”, acota.

Por eso, también sostiene que son víctimas y por ese motivo no se las criminaliza. “Son temas que no se resuelven con la privación de libertad”.