Cristina, oriunda de Machala, provincia de El Oro, revive diariamente el calvario que ha marcado a su hija, Sarita, quien ahora —en este año 2024— tiene 10 años. A través de dibujos que reflejan demonios y gritos en medio de pesadillas, la niña, víctima de agresión sexual cuando tenía apenas seis años, expresa un dolor que ni el tiempo ni las terapias han logrado aliviar por completo.

La madre, con la voz quebrantada por la indignación y el cansancio, que relata lleva tres años exigiendo justicia para la pequeña, enfrentándose a un sistema judicial que, asegura, les habría fallado en cada paso del proceso. “Mi hija ya no es la misma”, cuenta la mujer. “Tiene la mente de una niña de cinco años, se asusta con las hormigas y no puede ver un cuchillo sin entrar en pánico”.

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Detalla que el trauma, diagnosticado como estrés postraumático severo, la obliga a tomar risperidona, un antipsicótico que debería ser temporal, pero que la niña lleva consumiendo más de un año. A esto se suma la incontinencia urinaria, consecuencia física del abuso, y un miedo constante que la ha dejado atrapada en una infancia rota.

Así fue descubierto el hecho en Machala

En 2019, Sarita se encontraba bajo la custodia del padre por orden judicial. La madre recuerda que, preocupada por las negativas de visita, recurrió a la policía para ver a su hija. Fue entonces cuando habría descubierto hematomas en su cuerpo y señales de un abuso que la niña describió posteriormente en cámara de Gesell: presuntamente, el hijastro del padre, mayor de edad, la habría sometido a violaciones y maltratos durante casi un año.

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Solo una muñeca le habría dado el Estado ecuatoriano

El Estado, aseguran la madre y su abogado, Carlos Medina, brillaría por su ausencia. El jurista sostiene que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó una muñeca como única ayuda a la pequeña, mientras que programas de recuperación o apoyo económico han sido inexistentes. “Es un abandono total”, afirma Medina.

La madre presenta el caso ante la Asamblea Nacional del Ecuador

La progenitora, junto a su abogado, ha llevado el caso también ante la Asamblea Nacional, buscando respuestas. Piden no solo justicia para Sarita, sino también sanciones contra los fiscales involucrados por la presunta dilación del proceso. “Mataron a mi hija en vida”, sentencia la madre, entre lágrimas, al describir cómo el abuso y la indiferencia han destruido los sueños y la inocencia de su pequeña.

La investigación ha pasado por varias manos

La madre y el abogado detallan que el caso ha pasado por las manos de tres fiscales, sin que hasta ahora se haya formulado una sola imputación. Una funcionaria de Machala habría mantenido inactivo el caso durante dos años, mientras que su predecesor, en la misma localidad, también habría archivado denuncias previas por maltrato físico.

Actualmente, el caso está bajo la supervisión de una agente fiscal en Quito, quien, según el abogado Carlos Medina, no ha tenido mayores avances. “No es un tema de pruebas, las tenemos todas: examen médico legal, cámara de Gesell y el testimonio de la niña”, recalca el jurista.