El domingo 16 de marzo del 2025, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que permite avanzar con el proceso de revocatoria en su contra. 

El proceso se inició en agosto de 2024 y fue liderado por Néstor Marroquín y, el viernes 14 de marzo, el TCE dio paso a la siguiente fase del trámite que es la entrega de formularios por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas. 

Estas tienen un plazo de 15 días. Sin embargo, el burgomaestre calificó dicha decisión como una “arbitrariedad jurídica que pone en riesgo la estabilidad de la ciudad y responde claramente a intereses políticos”.

La autoridad señaló que desde agosto de 2023 han intentado removerle del cargo con el argumento de un supuesto ‘incumplimiento de funciones’, pero hasta ahora no han presentado ninguna prueba. Según Muñoz, se basan únicamente en una sanción que recibió por una infracción electoral. 

¿El alcalde fue sancionado?

En este sentido, destacó que el principio de derecho establece que nadie puede ser castigado dos veces por la misma falta. Además recalcó que en ese entonces recibió una injusta sanción mayor a 9 mil dólares y disculpas públicas, las mismas que ya las cumplió. 

El alcalde se refirió que es señalado por pertenecer a la Revolución Ciudadana. Además, recordó que este intento de revocatoria ha sido rechazado en varias instancias. La primera por el CNE, el cual desestimó de manera unánime la solicitud inicial.

En segunda instancia por un juez del TCE, quien también rechazó el recurso interpuesto. Sin embargo, ahora, en una nueva instancia, el Pleno del TCE cambió su postura y dio paso al proceso, justamente en plena temporada electoral.

¿Qué se viene en el proceso?

Muñoz sostuvo que este cambio repentino y la insistencia en avanzar con una revocatoria sin fundamentos obedecen a “una clara maniobra política para desestabilizar la gestión municipal e impedir el desarrollo de la ciudad”.

El alcalde advirtió que este proceso no solo lo afecta a él, sino que impacta directamente a la ciudad. Si se logra recolectar las firmas necesarias, Quito deberá enfrentar una consulta popular que generará gastos innecesarios y desviará recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de los quiteños.

Finalmente señaló que en menos de dos años, durante su gestión, la actual administración ha ejecutado una inversión superior a USD 1.300 millones en obras. 

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