La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene 90 días para reunir las pruebas necesarias en contra de los 31 implicados en el caso Metástasis. Este espacio, según dos expertos consultados por EXTRA, es el más importante en el accionar de la Fiscalía. “Si bien está la explotación del teléfono de Leandro Norero (narcotraficante), debe agotar todos los recursos”, comentó Christian Gallo, abogado penalista.

Es decir, que durante este tiempo se deben tomar versiones, interceptar comunicaciones y buscar cooperaciones eficaces para impulsar el caso que permea a diferentes instituciones del Estado como Consejo de la Judicatura, Municipios, SNAI, Policía, entre otros. “Por ejemplo, Christian Romero (exabogado de Leandro Norero y Jorge Glas) estaría buscando cooperar. Se debe aprovechar”, agregó Gallo.

Por su parte, Carlos Blanco, penalista, experto en seguridad y excoronel de la Policía, explicó que además de todas las diligencias que Fiscalía debería realizar está la búsqueda de asistencia penal internacional. “Es el paso más lógico. Imagino que pedirá soporte al FBI, que está cooperando últimamente con el Ecuador”, dijo.

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El nombre de Xavier Jordán también apareció en los chats del teléfono de Norero. La Fiscalía lo identifica como su administrador.

Jordán, quien está prófugo por su presunta participación en una trama de corrupción en los hospitales públicos y del IESS, reaccionó a las acciones y declaraciones de la fiscal al presentar una acción civil en su contra por difamación.

Fiscalía la desestimó y aclaró que “su máxima autoridad no brinda declaraciones a los medios de comunicación sobre hechos que no pueden ser probados en los tribunales”. Además, definió a esta acción como una forma de amedrentamiento.

Christian Gallo opinó que más allá de las acciones de Jordán, debido a las pruebas que se han presentado de la vinculación con Norero, Fiscalía no tardaría en vincularlo en el caso. “Es lo que pasará”, agregó.

Blanco explicó que la explotación de chats son pruebas convincentes para conducir la acción penal por parte de Diana Salazar. “Esto va más allá de lo que diga la defensa técnica del señor Jordán”.

Ambos jurisconsultos coinciden en que la liberación de la información a la ciudadanía es una estrategia para generar opinión pública. “No lo veo mal, Fiscalía no dirá nada que no pueda probar. Los detalles íntimos no se han entregado y eso está bien”, finalizó Gallo. 

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