La rápida y oportuna intervención de la Policía Nacional permitió la liberación de un ciudadano que había sido secuestrado la noche del miércoles 23 de abril en la ciudad de Esmeraldas. El operativo se activó tras una alerta emitida por el ECU-911, que reportó la posible retención ilegal de una persona que estaba siendo trasladada por antisociales a bordo de un vehículo tipo taxi.

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Según información oficial, la víctima —un ciudadano de profesión taxista— fue interceptada a la altura del parque infantil de la ciudad, donde un individuo le solicitó una carrera hacia el sector de Santa Cruz.

Lo que parecía una solicitud común terminó convirtiéndose en un acto delictivo cuando, al llegar al destino señalado, aparecieron cinco sujetos, tres de ellos armados. Los individuos amedrentaron al conductor, lo golpearon y lo forzaron a subir al vehículo con rumbo desconocido.

La alerta inmediata al ECU-911 permitió que las unidades del subsistema preventivo de la Policía Nacional se desplegaran rápidamente en puntos estratégicos de la ciudad. Como resultado del operativo, en el sector de San Martín de Porres Bajo, los agentes interceptaron el vehículo involucrado. En su interior se encontraba una persona cuya actitud nerviosa y evasiva levantó sospechas.

La víctima estaba retenida en una casa en el barrio Santa Cruz 

Tras la aprehensión del sospechoso, los uniformados se dirigieron al sector de Santa Cruz, específicamente a un inmueble de construcción precaria —una casa de caña— donde, en una de las habitaciones, se logró encontrar y rescatar a la víctima del secuestro.

En el mismo lugar se procedió a la detención formal del ciudadano identificado como Jankel V., de 20 años de edad, quien sería uno de los presuntos implicados en el delito.

Durante el procedimiento, se recolectaron los siguientes indicios vinculantes al caso: 1 vehículo tipo taxi, utilizado para el traslado de la víctima (recuperado) y 1 terminal móvil, posiblemente utilizado para coordinar el delito.

El detenido y los elementos recabados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes se encargarán de determinar su situación legal en el marco del debido proceso.

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