Han pasado 12 días y el crimen de un hombre, de 38 años, a manos de su madre, de 62, en la comunidad Gualsaquí, en Imbabura, ni siquiera ha sido procesado en la justicia ordinaria.

La supuesta injerencia de las leyes indígenas sobre este hecho, donde la implicada adujo que mató a su vástago por una supuesta posesión diabólica, la libró de ser detenida. Su familia incluso dijo que espera que Dios se encargue de curarla. Un golpe en la cabeza con el borde de un hacha habría causado la muerte del hombre.

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¿Por qué no intervino la Policía? El 12 de febrero, cuando se registró el hecho, el cadáver fue llevado a otra comunidad llamada Tocagón. Allá, los agentes que acudieron para indagar el caso fueron rodeados por al menos 200 comuneros, quienes les pidieron que se respeten sus leyes y reglamentos (indígenas).

Y desde ese momento, todo ha quedado igual. Paolina Vercoutere, viceprefecta de Imbabura, indica a EXTRA que no es la primera vez que la justicia ordinaria no puede intervenir en situaciones legales dentro de las comunidades indígenas. “Sí, existen los derechos colectivos, pero a nombre de esto no se puede permitir que esto siga ocurriendo”, cuestiona.

Cuando ocurre un asesinato o un delito sexual dentro de una comunidad indígena, la justicia ancestral no tiene la potestad de intervenir, dice Vercoutere. Y por eso se realiza un diálogo con sus líderes para que se entregue al implicado para iniciar un proceso en la justicia ordinaria.

A pesar de la insistencia desde la viceprefectura, no se consiguió la aprehensión de la sospechosa ni tampoco del levantamiento del cuerpo que fue sepultado luego de tres días porque se habría esperado que resucitara, según versión de algunos moradores.

Retenciones

Pero este no es el único caso en el que las leyes indígenas se inmiscuyen para resolver un conflicto ‘a las bravas’. María es dueña de una florícola en la parroquia Alaquez, en Latacunga, Cotopaxi, y un litigio por la construcción de esa infraestructura causó que un trabajador suyo fuera secuestrado.

Incluso ella, asegura, se libró de ser raptada. Todo empezó el 8 de mayo de 2023, cuando contrató a un constructor local para que le hiciera un invernadero porque necesitaban producir flores para diciembre de ese año.

“El costo fue de 32 mil dólares. Debía tener acero de primera calidad, así como una cubierta de plástico que soportara los fuertes vientos”, detalla la propietaria. Luego de tres meses, la obra estaba por entregarse, pero un ventarrón la tumbó.

María le pidió una explicación al constructor, quien no habría querido responsabilizarse. Así se inició un proceso civil en el que no se llegó a ningún acuerdo y el invernadero se construyó con otra persona.

Hasta ese momento, María asegura que pagó 24 mil dólares: con cinco cheques y un abono hecho en efectivo. El constructor quería que le cancelara el faltante, a lo que la floricultora se negó.

El 28 de noviembre de 2023, un trabajador manejaba la camioneta de María cuando fue interceptado por dos vehículos. Sus ocupantes lo retuvieron y lo llevaron a la comunidad Planchaloma, a 76 kilómetros de Alaquez. “Me dijeron que se quedarían con la camioneta para arreglar el problema con el señor constructor”, contó un empleado de María, quien después fue liberado. Desde esa fecha el vehículo no ha sido recuperado, según la perjudicada.

Tras esto, a la mujer le quisieron entregar un escrito de parte del constructor, pero ella no lo recibió.

El 7 de diciembre de 2023, ‘María’ contó que estuvo a punto de ser secuestrada de la misma forma que su trabajador. “Asimismo, dos autos me interceptaron luego de que salí del veterinario, pero logré evitarlo”. Ella presume que se trató de la gente afín al constructor, a la que él recurrió para ‘arreglar’ el litigio a través de la justicia indígena. Para la floricultora, esto no aplica para ella por ser mestiza.

Ante esto, Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, explica que si se recurrió a las leyes ancestrales, debió haber un careo entre ambas partes conocido como ‘ñahuinchina’. “Una organización indígena actúa cuando uno de sus miembros está inmerso en el problema, ya sea el que esté haciendo daño o si es el perjudicado”.

En cuanto a la retención del vehículo, Tibán dice que la dueña debió haber recibido un documento en el que se explica, desde el lado indígena, que el auto era la prenda ante este problema. “Es una sentencia que tiene validez y solamente puede ser revisada por un juez de la Corte Constitucional”.

EXTRA solicitó una entrevista con el dirigente de la comunidad Planchaloma, pero dijo que se encontraba en un taller de su trabajo y no podía hablar. Cuando se lo contactó por segunda ocasión, ya no respondió su teléfono celular. Lo mismo se hizo con el constructor, sin obtener respuesta alguna.

‘Purificación’ por error

A esta lista en la que metió mano la justicia indígena se suma el caso de ‘Juana’, para quien su vida cambió el 21 de abril de 2021. Ella, su esposo y dos parientes fueron señalados como asaltantes en Saquisilí, Cotopaxi.

“Esa fecha, mi marido y yo estábamos en nuestro carro y él vio que un primo estaba peleando. Se bajó para evitar la pelea y ahí comenzó el problema”, indica.

Gente de la comunidad salió y dijo que Juana junto con los demás estaban robando a una persona, por lo que fueron retenidos. En ese tiempo, ella estaba en el séptimo mes de embarazo, pero aun así la golpearon, aunque no le aplicaron el castigo indígena.

Quienes sí aguantaron la ‘purificación’ fueron los dos parientes del esposo de Juana. Él, en cambio, logró resguardarse en otro lugar, pero su carro no se salvó: fue quemado por los comuneros.

Al día siguiente, según Juana, la comunidad se disculpó porque no se logró demostrar el robo. Sin embargo, le advirtieron que no pusiera ninguna denuncia.

Carlos Poveda, abogado y experto en temas interculturales, detalla que la justicia indígena no tiene que ser vista solamente como algo violento ni arbitrario. “La utilización de agua y de ortiga no es una especie de castigo, sino algo que tiene su sentido. Antropológicamente, la persona está enferma y cayó en un fracaso (delito) y tiene que ser curada”.

El jurisconsulto enfatiza que dentro del sistema jurídico ancestral existen principios como el respeto hacia la vida, la prohibición de tortura y tratos inhumanos. “Para su aplicación deben cumplirse parámetros como: el caso tiene que darse dentro de un territorio indígena y las personas que la ejercen tienen que pertenecer a la misma”. Además, para llevar a cabo la justicia ancestral tiene que investigarse, discutirse, ver la reparación y, cuando todo esto se hace, tiene que cumplirse.

*Los nombres de las víctimas o perjudicados fueron cambiados para resguardar su seguridad.

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