Durante la administración de Donald Trump, las políticas migratorias de Estados Unidos se endurecieron de manera significativa, generando incertidumbre y temor no solo entre los inmigrantes indocumentados, sino también entre aquellos con estatus migratorio legal. 

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Aunque la legislación establece que los residentes permanentes y los poseedores de visas deben pasar por un procedimiento judicial para ser expulsados, la gestión republicana de Trump promovió operativos de deportación mucho más amplios, extendiendo su enfoque a un grupo que, por lo general, no era considerado una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Motivos para la deportación de residentes legales

Según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, existen diversas razones por las cuales los residentes con tarjeta verde pueden ser deportados, incluso si han vivido en el país durante años, trabajado y formado familias. Entre los motivos más comunes se encuentran:

1. Delitos graves: Condenas por crímenes como asesinato, violación, tráfico de drogas o robo, son considerados causales para la deportación. Estos delitos suelen ser de alta prioridad para las autoridades migratorias.
2. Fraude migratorio: Si un residente permanente comete fraude para obtener beneficios migratorios, como falsificar documentos, puede enfrentar la revocación de su estatus legal y ser deportado.
3. Incumplimiento de condiciones para residentes condicionales: Aquellos que han obtenido su residencia bajo condiciones específicas, como el caso de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pueden ser deportados si no cumplen con las condiciones de su estatus.
4. Amenazas a la seguridad nacional: Cualquier implicación en actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional, como apoyar a organizaciones terroristas o extremistas, es otro de los factores que puede derivar en la deportación.

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A pesar de contar con residencia legal, los inmigrantes pueden ser arrestados y enfrentarse a un proceso de expulsión si se demuestra que han violado alguna de estas disposiciones. En tales casos, el proceso judicial es determinante y la decisión final corresponde a un juez de inmigración, quien debe evaluar las pruebas presentadas por el Gobierno para dictar una orden de deportación.

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