El presidente Daniel Noboa ha decretado una licencia presidencial no remunerada de cuatro días, dejando a la vicepresidenta designada, Cynthia Gellibert, al frente del Ejecutivo. Según el mandatario, este permiso breve busca garantizar la separación de sus funciones públicas y su campaña electoral, en cumplimiento con el Código de la Democracia. Sin embargo, el decreto no detalla las razones exactas para limitar la licencia a este corto periodo, lo que ha generado interrogantes.

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¿Por qué Daniel Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert?

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 500, Noboa estableció que la encargatura de la Presidencia a Gellibert sería efectiva desde las 17:00 del jueves 9 de enero hasta las 16:59 del domingo 12 de enero. Justificó la medida señalando la "ambigüedad" del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que podría generar denuncias por actos proselitistas.

El presidente aseguró que esta licencia tiene como objetivo garantizar "transparencia, equidad y seguridad jurídica", separando sus actividades gubernamentales de las electorales. Noboa también destacó que no hará uso de recursos públicos ni percibirá remuneración durante este periodo.

¿Qué establece la Constitución sobre la licencia presidencial?

De acuerdo con el artículo 146 de la Constitución de Ecuador, la ausencia temporal del presidente debe ser autorizada por la Asamblea Nacional, y no determinada de manera unilateral. Además, la normativa establece que, ante una ausencia, es la vicepresidenta quien asume las funciones presidenciales, aunque Gellibert fue designada como tal también por decreto ejecutivo.

Denuncia por infracción electoral

El inicio de la campaña electoral de Noboa se vio marcado por la polémica. Simpatizantes se reunieron en la Plaza Grande de Quito, un espacio cerrado con vallas y resguardado por fuerzas militares, para apoyar su candidatura. En este evento, se documentó el uso de recursos públicos, como carteles y figuras de cartón del mandatario, que presuntamente fueron entregados desde el Palacio de Carondelet.

Estas acciones fueron denunciadas ante el Tribunal Contencioso Electoral por violar el Código de la Democracia, que prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales.

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