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La cárcel está ubicada en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.Christian Vinueza / EXTRA

Cárcel Regional Guayas: interno fue sentenciado por tener un celular

Un privado de libertad, a quien se le encontró un celular en octubre, recibió una sentencia. El dispositivo lo tenía pegado a una pierna.

Por REDACCIÓN EXTRA

8 de enero, 2025

Tener un celular pegado en una de sus piernas tuvo una consecuencia legal para el privado de libertad John Leuso Ayoví Bolaños. El hombre, según comunicó la Fiscalía el martes 7 de enero de 2025, fue sentenciado por aquella acción, ocurrida en 2024.

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En un comunicado, la institución indicó que el hecho se produjo el 1 de octubre del año anterior, en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas No. 4, en Guayaquil, mientras Ayoví y otros tres internos iban a ser trasladados.

Como parte del proceso del traslado, personal de las Fuerzas Armadas realizó una revisión a los privados de libertad, encontrando el dispositivo pegado a una de las piernas de Ayoví. Lo tenía adherido a la piel con una cinta.

#Manabí | Un niño de 6 años fue secuestrado y finalmente rescatado. El sospechoso del delito tiene antecedentes. 😦

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— Diario Extra (@DiarioExtraEc) January 8, 2025

¿Cuál fue la sentencia contra el privado de libertad?

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía, en la audiencia de procedimiento directo efectuada contra el preso, la jueza que conoció la causa dictó una sentencia contra él de tres años de privación de libertad, por el delito de ingreso de artículos prohibidos al centro carcelario.

“La fiscal a cargo del caso presentó las pruebas recopiladas, entre estas: las versiones de los agentes policiales y militares que participaron en el operativo, el parte informativo y de aprehensión, el informe de reconocimiento de la evidencia, el análisis forense del dispositivo móvil del procesado, entre otros”, comunicó la entidad.

El hombre, quien previo al proceso judicial ya contaba con prisión preventiva, fue procesado de acuerdo a lo que estipula el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión para quienes ingresen artículos prohibidos a los centros carcelarios.