“La bendición, mamita. Más tarde le contesto, que estoy trabajando”. Esas fueron las últimas palabras que Rosa Gavilanes escuchó de su hija, la subteniente Aidita Ati, mediante un mensaje de audio vía WhatsApp.

Adjunto a este, la oficial de las Fuerzas Armadas le envió una fotografía junto a una lancha en las orillas de un río.

(Lea también: Caso Subteniente Aidita Ati: así despiden a la oficial del Ejército que habría sido asesinada)

Era la tarde del viernes 28 de junio cuando Rosa perdió contacto con su hija. Un día después se enteró que a Aidita le habían asesinado dentro del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana.

El caso es investigado por la Fiscalía y cuatro oficiales del Ejército son procesados por el delito de femicidio. Ellos se encuentran con medidas cautelares y deben presentarse dos veces por semana ante las autoridades mientras dure la instrucción fiscal de 30 días.

Mientras los restos de la joven oficial eran enterrados en un cementerio del sur de la capital, el grupo de abogados de la familia, liderado por Paola Montoya, ingresó un pedido de revisión de medidas cautelares para que los procesados sean detenidos y llevados a prisión preventiva.

Con esta solicitud, los juristas quieren asegurarse de que no se fuguen y puedan comparecer a todas las diligencias judiciales.

Esto luego de que una jueza especializada en Violencia Contra la Mujer aceptó los documentos de arraigo que presentaron los abogados de los implicados para justificar que tienen un trabajo, un domicilio y una familia.

(No te pierdas: ¿Quién era Aidita Ati, la historia subteniente que apareció muerta en una brigada militar?)

Para Montoya, esta decisión vulneró el proceso legal porque por la gravedad del delito existe un riesgo inminente de que los oficiales ‘se la saquen’.

Por lo pronto, ellos continúan trabajando dentro del cuartel donde ocurrió el crimen. Montoya confirmó a EXTRA que se mantienen pendientes de que no se altere el dormitorio de las mujeres en el que habrían asesinado a la subteniente, porque eso se convertiría, en otro aspecto, en otra violación del debido proceso.

Además, dentro de la cadena de custodia se encuentra el vehículo de uno de los oficiales procesados, del cual se extraerán huellas dactilares para adjuntarlas a la investigación.

Se pretende indagar si en este habría ocurrido alguna situación previa al crimen o luego del mismo. En ambos espacios se realizarán inspecciones oculares técnicas para hallar más indicios que ayuden a develar la verdad detrás del presunto femicidio.

Como parte de las medidas que pesan en contra de los cuatro procesados, está la prohibición de salida del país durante el desarrollo de la indagación.

Mientras dure el proceso, la abogada Nathalya Salazar explicó que dentro de las Fuerzas Armadas también deben iniciar una investigación para determinar responsabilidades a nivel administrativo y disciplinario.

Para la experta en materia penal, lo más importante en esta etapa es realizar informes y elevarlos al superior inmediato, para que este tome medidas a nivel institucional, como la suspensión temporal de las funciones o servicio, “o que los implicados cumplan funciones netamente administrativas”.

Con respecto al levantamiento del cadáver y la autopsia, Salazar precisó que no era necesaria la autorización de los padres para realizar este procedimiento, porque se trató de una muerte violenta.

(Además: Estado de excepción Ecuador: Daniel Noboa lo declara en siete provincias del país)

Rosa Gavilanes, madre de la víctima, recuerda con nostalgia que a su hija le gustaba comer yahuarlocro y caldo de pata.

Aidita solía llamarla con un día de anticipación cuando iba a regresar desde el Oriente hasta la capital en sus días libres, para que Rosa le tenga preparados alguno de sus platos favoritos. “Era muy agradecida. Luego de comer me decía que ya estaba llena de energía y que podía volver a su trabajo”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!