Miriam del Carmen Noboa trata de interpretar lo que le dice su hijo mientras le peina el cabello. Quiere saber lo que le aqueja. Cómo se siente. Si está bien o mal, triste o contento.

El adolescente, de 13 años, tiene discapacidad intelectual del 72 % y su condición ha empeorado en las últimas semanas, desde que su madre lo sacó del colegio porque, supuestamente, sus compañeros lo acosaban.

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Miriam vive en Chimbacalle, en el sur de Quito, y desde que su pequeño no asiste a la unidad educativa, ella ha dejado de trabajar para cuidarlo. Solía vender accesorios de celulares por las calles principales que rodean el barrio.

En la actualidad, cuando su primer hijo, de 15 años, regresa del colegio, le pide que se quede con su hermano mientras ella sale a reciclar material y obtiene algo de dinero para la comida. Entre ambos, también se ayudan para dosificarle los dos medicamentos que a diario debe tomar por la depresión y el hipotiroidismo que padece.

Temor

La familia se ha mantenido con el bono Joaquín Gallegos Lara (240 dólares) que recibe mensualmente el menor.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entrega este beneficio es para personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial grave, muy grave y completa, y además para quienes tienen enfermedades catastróficas en situación de extrema pobreza.

Pese a que el hijo menor de Miriam cumple con los requisitos para recibir el bono, ella teme que le quiten el beneficio, por no tener un sueldo fijo o un ingreso constante para la familia. “Con el bono hemos pagado el arriendo y los servicios básicos, pero no nos alcanza para la comida. No quiero que se lleven a mi hijo”, implora.

Por eso pide a los lectores de EXTRA que la ayuden con un trabajo estable para mantener a su familia. “Quiero bienestar para mis hijos. Que estudien y sean profesionales”.

Añade que tampoco puede salir con su hijo a vender repuestos de celulares porque, según ella, otra comerciante le dijo que si tiene a una persona vulnerable en esas condiciones le pueden quitar el beneficio.

Derecho irrenunciable

Nathalya Salazar, abogada penalista y experta en derechos humanos, señala que eso no puede pasar porque “si el adolescente recibe el bono, ya es titular de un derecho y este derecho es irrenunciable”.

La jurista sostiene que según el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, existe una norma expresa en la que únicamente se puede quitar el bono si se corrobora que el sustituto (quien recibe el beneficio por la persona discapacitada, en este caso la madre) no está cuidando del menor.

“Y este no es el caso, porque la señora busca lo mejor para su hijo y no pierde contacto con él”, aclara.