Una promesa del Gobierno recae en los centros penitenciarios del país: “el efectivo control de cada pabellón”. Ofrecimiento que espera cumplir luego de que empezaron a funcionar, desde este mes, dos centros de mando para monitorear las 36 cárceles del país, mediante cámaras tecnológicas.

Estos equipos, que fueron presentados el 22 de noviembre pasado, también incluyen rastreo satelital para los traslados de los privados de libertad y cámaras en los uniformes de los agentes penitenciarios que transmiten en vivo.

La intención es que utilizando estos equipos se pueda intervenir inmediatamente en casos de amotinamientos y contar con imágenes de registro.

Alfredo Muñoz, doctor en Jurisprudencia y exdirector nacional de Rehabilitación Social (en tres ocasiones), refiere que las cámaras que se colocan en los centros penitenciarios deben ser antivandalismo. Es decir, que cuenten con características que no permitan su fácil destrucción.

“La ubicación de las cámaras debe ser de difícil acceso, ya los expertos tienen que definir dónde deben ir”, precisa. Además, recalca que otra clave para sacarle el ‘jugo’ a los dispositivos es su mantenimiento continuo y, de ser necesario, su reposición inmediata.

Este Diario consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) si los equipos instalados tienen esas características, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

EQUIPOS DAÑADOS

EXTRA también preguntó al SNAI cuántas cámaras se instalaron en las 36 cárceles y de esas cuántas están en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N.º 1 (antigua Penitenciaría del Litoral) y el Centro de Privación de Libertad Zona 8 (Regional Guayas), establecimientos carcelarios guayaquileños en donde han ocurrido asesinatos entre privados de libertad en los últimos años.

Igualmente se solicitó conocer si previo a la instalación de los equipos las cárceles tenían sistemas de monitoreo y, de ser así, en qué condiciones estaban. Este antecedente es clave, pues sirve para saber con qué herramientas se contaba para evitar y contener actos violentos, que han sucedido con frecuencia, y para corregir las fallas de antes.

Ricardo Morales, máster en Derecho Penal y exsubsecretario de Justicia en temas de Rehabilitación Social, pudo conocer esa realidad. Él, hasta marzo pasado, formó parte de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, creada en diciembre de 2021, por Decreto Ejecutivo, organismo que laboró durante seis meses para hacer un diagnóstico de cómo se encontraba el sistema carcelario y diseñar planes, estrategias y programas para su fortalecimiento.

Morales comenta que había cámaras en los establecimientos penitenciarios, pero que “por la falta de control eran destruidas por los propios privados de libertad”. Por eso, al igual que Muñoz, recalca que no deben ser de fácil acceso para los internos. Deben ser ubicadas estratégicamente, trasladando provisionalmente a los internos a otros recintos hasta colocarlas.

“Lo que nosotros pudimos ver en las cárceles es que se había adquirido a lo largo del tiempo cámaras, pero en la mayor parte de los centros de privación de libertad estaban, o destruidas, o no funcionaban, no había un debido mantenimiento”, describe.

Recuerda que en la ‘Peni’ el equipamiento era mínimo. No había un cuarto de monitoreo, por ejemplo. Algo que resulta importante, dice, porque al contar con uno se puede ejecutar un trabajo de prevención de incidentes y ya no solo reaccionar después de que se generan las alertas.

Muñoz menciona que el expenal García Moreno, en Quito, fue el primero en contar con cámaras a inicios de la década del noventa. Posteriormente, las cárceles regionales que se inauguraron en el nuevo milenio contaron con equipos. Estas son la de Guayaquil (2013), Cuenca (2014) y Latacunga (2014).

“Por temor o por favor, los guardias y funcionarios penitenciarios no cuidaron y dieron el mantenimiento debido a las cámaras. Entonces, en esos centros había el problema de que varias estaban dañadas y provocaba que haya puntos ciegos”, explica.

Agrega que los centros de monitoreo de estas cárceles “eran muy fácilmente manipulables”. Refuerza su afirmación tomando de referencia lo que ocurrió el 2 de enero de 2019 en la Regional Guayas, en Guayaquil, cuando se permitió el ingreso de una falsa ambulancia con electrodomésticos. “Había algunas tomas que no había cómo chequearlas, por la de deficiencia de las cámaras”.

Para el experto en temas carcelarios y de seguridad, las cámaras son un buen aporte para controlar estos centros, pero es vital garantizar que no se las use para ocultar cosas.

“La información que se recoge con los sistemas de videovigilancia tiene que también ser transferida en tiempo real a un centro de monitoreo externo, que no pueda ser manipulado por funcionarios del sistema de rehabilitación, para que cuando haya problemas no borren”, dice.

Cuando entraron en funcionamiento los nuevos pabellones que se construyeron en la ‘Peni’, en 2012, solo había cámaras en los accesos al centro carcelario, indica Muñoz.

Esto lo confirma Luis Edén Vera, máster en Derecho Constitucional, quien se capacitó en Administración Penitenciaria en Francia y laboró en el sistema carcelario entre 2012 y 2017. Señala que las cámaras se colocaron en puntos estratégicos, en los contornos, pero no en áreas interiores, como sí existen en la Regional Guayas, en donde se puede ver diversos sitios como canchas, patios y zona de celdas.

Para él, este tipo de equipamientos deben tener la posibilidad no solo de grabar imágenes, sino también audio. “Puedes tener personas focalizadas en un centro de monitoreo y poder escuchar a las personas privadas de libertad qué es lo que están tramando. Aquí vendría lo de ser más preventivos”, opina.

Los tres expertos coinciden en que la tecnología ayuda, pero no lo es todo. El sistema de rehabilitación social debe tener políticas públicas claras y que no se cambien de un gobierno a otro, destacan.

MEJOR INSTRUCCIÓN

Luis Edén Vera manifiesta que, complementario al equipamiento, el sistema de rehabilitación social requiere afinar otros parámetros, como el tener una verdadera formación penitenciaria. Se refiere a que los guías y demás personal de las cárceles sean capacitados por profesionales expertos en el ámbito carcelario, en vez de ser instruidos por policías, militares u otros que desconocen el enfoque de los centros de privación de libertad.

Cita que en países como República Dominicana, Francia o Argentina existe esta formación especializada y se pueden establecer convenios para que se replique ese paso en Ecuador.

También sostiene que se necesita fortalecer la política de cero ocio en los internos. Es decir, que se mantengan ocupados haciendo actividades productivas como continuar sus estudios, trabajar o involucrarse en el campo artístico.

Precisa que, por ejemplo, se debe enriquecer procesos laborales para ellos, como elaborar señalética, o producir productos agrícolas.