Con el inicio de la campaña electoral, la preocupación sobre la seguridad de los candidatos y la sociedad civil se dispara, especialmente después del asesinato de Fernando Villavicencio en 2023. Este trágico suceso debe servir como una alerta permanente para el Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de los participantes en el proceso electoral y, al mismo tiempo, salvaguardar el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones y participar libremente en las concentraciones y mitines.

Las organizaciones criminales han demostrado que están dispuestas a intervenir en los procesos políticos para fortalecer su control y perpetuar su influencia de terror sobre el poder. Este escenario no solo pone en peligro a los líderes políticos, sino también a quienes asistan a las urnas, que arriesgan su integridad al participar en un entorno cada vez más hostil.

Estas elecciones son clave para el futuro del país, pues serán las que determinen la dirección política y social para los próximos cuatro años. La aplicación de medidas contundentes evitará que las organizaciones criminales marquen la pauta de este proceso y que, en su lugar, la voluntad popular se exprese de manera libre y segura. La lucha contra la narcodelincuencia y la corrupción debe ser un compromiso firme que se haga sentir en todos los niveles.