Sin embargo de que el Poder Judicial decidió ya, el pasado martes, el llamamiento a juicio por asociación ilícita al vicepresidente de la República, Jorge Glas, detenido y sin funciones en una cárcel de Quito, junto a doce ciudadanos más, comprometidos en el mismo caso, existe una sospechosa lenidad en el proceso que también debe cumplirse en la Asamblea Nacional para iniciar el juicio político contra el mismo personaje.

El bloque que representa al partido que nos gobernó en la década pasada aduce para tal retraso, del cual son indudablemente los responsables por impedir que la mayoría legislativa agilite el proceso, que hay que esperar que los correspondientes jueces determinen responsabilidades, lo cual indudablemente implicaría que tendremos que esperar un muy largo tiempo, algunos meses, para que este juicio político tan esperado por la ciudadanía pueda tratarse.

Y las sospechas pasan a mayores cuando en la Corte Constitucional, a su vez, se están dando a la aprobación para autorizar la convocatoria a la Consulta Popular de 7 preguntas propuesta por el presidente de la República y que ha contado ya con una gran aceptación de los diferentes sectores del colectivo nacional.