La última masacre en la Penitenciaría del Litoral, ocurrida después de un período de aparente pacificación que duró más de 400 días en los reclusorios del país, desnuda una de las tantas irregularidades que siguen sin respuesta por parte de las autoridades: el ingreso de toda clase de armas, a pesar de que policías y militares han estado ejecutando operativos desde que el gobierno decidió intervenir algunas cárceles.

Resulta inaudito que tanto la Secretaría encargada de la atención de las personas privadas de libertad como las fuerzas del orden mantengan un silencio absoluto respecto a las razones por las cuales, a pesar de los innumerables operativos en los pabellones del Centro de Privación de Libertad del Guayas N1, y la confiscación de armas durante la declaratoria de conflicto armado interno, estas sigan ingresando a dicho centro.

Esto pone en duda lo dicho por el Gobierno sobre el control de las cárceles, cuando lo que está a la vista es que estos centros se han convertido en auténticas bombas de tiempo y siguen siendo territorios fuera de control, donde las medidas aplicadas parecen más un parche temporal que una solución estructural. Las autoridades siguen sin ofrecer respuestas claras sobre cómo piensan resolver este complejo problema de raíz, más allá de construir nuevas cárceles.