Tres mujeres fueron detenidas y afrontan cargos por su presunta participación en el asesinato de una fiscal ecuatoriana en la provincia de Manabí, informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

En un breve comunicado emitido en redes, el órgano fiscal detalló que se formularon cargos contra Génesis C., Ginger S. y María C. "por su presunta participación en el delito de asesinato, cometido en contra de la fiscal Luz Marina Delgado y Jefferson Mendoza, en Manta. Se dispuso prisión preventiva en su contra".

Tras informar del homicidio el miércoles, la Fiscalía rechazó "cualquier intento de amedrentamiento" y ratificó su respaldo al trabajo de investigación que realizan los distintos equipos fiscales en el país para garantizar "un acceso digno, transparente y efectivo a la Justicia penal".

También formuló un llamamiento a la Policía Nacional y demás entidades encargadas de velar por la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos, para "actuar con mayor eficiencia de manera que este tipo de hechos no se repitan".

El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en Manabí, Esmeraldas y Guayas, provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye un toque de queda nocturno en tres poblaciones.

El Gobierno de Ecuador informó, además, que destinó una partida de 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Estas decisiones se enmarcaron en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por bandas criminales organizadas enfocadas principalmente en el narcotráfico y algunas con vínculos con carteles de la droga de México y Colombia, según apuntan las autoridades ecuatorianas.

Escenas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en las provincias del litoral, principalmente alrededor de Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.

Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde más de 400 presos han muerto desde 2020 en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas que se disputan el control de las prisiones