La cantante colombiana Shakira evitó este lunes 20 de noviembre, ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, con la que evita la cárcel, que aseguró que acepta para no perjudicar a sus hijos.

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"Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión", afirmó la artista al comparecer ante un tribunal de la ciudad española de Barcelona.

La multa suma cerca de 7,8 millones de euros, tras haber pagado antes otros 17,5 millones, los 14,5 defraudados al fisco en España entre 2012 y 2014 más otros 3 de intereses.

Una fuerte multa que la salva de la cárcel

Shakira llegó a la Audiencia de Barcelona en medio de una gran expectación mediática, acompañada de sus abogados y de varios policías.

Con gafas de sol y un traje rosado, entró por la puerta principal mientras en la acera de enfrente, tras las vallas del dispositivo policial, la esperaban cerca de un centenar de personas, la mayoría periodistas y fotógrafos, pero también curiosos y algunos admiradores que pedían "justicia para Shakira".

La cantante estaba acusada de haber defraudado a Hacienda durante esos años simulando que residía fuera de España.

Shakira, de 46 años, convivió con el exfubolista español del FC Barcelona y ahora empresario Gerard Piqué, de 36, durante doce años, hasta que en 2022 anunciaron su separación y ella se trasladó a Miami (Estados Unidos) con los dos hijos de ambos tras un acuerdo sobre su custodia.

Un pacto con la Justicia española evitó que fuera juzgada, aunque a cambio de esa multa y de una condena a tres años de cárcel, que no tendrá que cumplir, entre otros motivos porque el tribunal aplica una atenuante de reparación del daño.

Mucho menos de la petición a la que se enfrentaba, pues la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel más una multa de 23,7 millones de euros, que se queda en la mitad de los 14,5 defraudados, es decir, 7,3 millones, más otros 432.000 euros a razón de 400 por cada día que evita pasar entre rejas.

Sus abogados lo pactaron a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares, la Agencia Tributaria del Estado español y el Gobierno regional de Cataluña, por lo que la cantante solo tuvo que ratificarlo en una breve comparecencia ante el tribunal.

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