Un grupo de 36 presos de la cárcel de Latacunga, en el centro de Ecuador, fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país para evitar una nueva masacre entre reclusos, según informó este viernes el servicio penitenciario (SNAI), encargado de administrar y controlar las prisiones.

Los 36 reclusos pertenecen a la banda criminal autodenominada R7, cuyo enfrentamiento con la organización llamada Los Lobos ha sido el motivo, de acuerdo a las autoridades, de las dos matanzas ocurridas este año en las cárceles de Ecuador que han dejado un total 64 muertos.

En el momento de los traslados se produjeron altercados por la resistencia que presentaron los reos a ser reubicados, al punto de causar daños en la infraestructura de la prisión, situada en la provincia andina de Cotopaxi, a unos 100 kilómetros al sur de Quito.

Son ya más de 400 los presos muertos en los dos últimos años por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones y que tienen ramificaciones fuera de ellas, con vínculos con el narcotráfico, según las autoridades ecuatorianas.

En este 2022 van dos grandes matanzas, una en abril que dejó 20 muertos en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, y la última en mayo que terminó con 44 fallecidos en un baño de sangre en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, a unos 150 kilómetros al oeste de Quito.

Después de esta segunda matanza de 2022, el SNAI lamentó que la Justicia ecuatoriana concediese 124 traslados solicitados por presos de la cárcel de Cuenca que querían ir a la de Santo Domingo después de la primera masacre, pese a ser esta una de las cárceles más hacinadas del país.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe donde insta al Gobierno de Ecuador a recuperar el control interno de las prisiones, dar condiciones dignas a los presos y desarrollar una político de prevención del delito donde no prime la encarcelación como principal estrategia.

En ese sentido, el Ejecutivo ecuatoriano ha emprendido un proceso para contratar a 1.400 nuevos guardias penitenciarios y un programa para indultar a 5.000 presos condenados por sentencias menores, así como aplicar la primera política pública del país de derechos humanos para la población penitenciaria.

Actualmente son unos 34.000 los presos recluidos en 36 cárceles que componen el sistema penitenciario de Ecuador, de los que aproximadamente el 40 % no cuentan con sentencia y se encuentran en régimen de prisión provisional.