Militarizadas, pero igual de ‘podridas’ que antes. Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, asegura que la militarización decretada en las cárceles del país no ha sido suficiente para que los líderes carcelarios o de organizaciones criminales dejen de planificar delitos desde el interior de una celda.

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La abogada señala que si bien no se han registrado masacres en el sistema penitenciario, todavía continúa la corrupción, sobre todo con el ingreso de artículos prohibidos como equipos electrónicos, armas o estupefacientes. Y también en el control que desde adentro tienen delincuentes para el cometimiento de delitos en las calles.

El ejemplo más reciente de ello se vivió en Quito, cuando cuatro extranjeros fueron capturados por la policía por el secuestro de un empleado estatal. Ellos solicitaban 50 mil dólares a los familiares de la víctima para liberarlo.

Al ser atrapados, dos de ellos delataron al supuesto mentalizador del delito: alias Conde, un supuesto líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, quien permanece cumpliendo su condena en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi.

Los sospechosos tenían armas de fuego y estupefacientes. Dos registran antecedentes penales y todos fueron trasladados a la misma prisión en la que está Conde, hasta que la Fiscalía investigue el caso por secuestro extorsivo.

De allí que Zumárraga sostiene que poco o nada ha cambiado con la militarización de las cárceles, tras declararse en enero del 2024 el estado de excepción, a causa de la violencia e inseguridad que se vive en el país.

Recuerda los casos de militares detenidos por intentar ingresar objetos prohibidos a las cárceles, como celulares y partes de armas, y asegura que existe personal castrense que ha sido corrompido. “Esto es peligroso porque llega a manos del líder de una banda”.

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Por consiguiente, el reo puede seguir manejando su estructura delictiva y dedicarse al robo, al microtráfico, al sicariato, como el secuestro del servidor público. En este caso, la jurista presume que los sospechosos “comisionaban al Conde”. Es decir, él les podía proveer de armas para cometer delitos y de las ‘ganancias’, el privado de libertad sacaba su tajada.

Eso sí, Zumárraga resalta que habrá que ver cuál es el desenlace de los sospechosos en la cárcel de Cotopaxi. Pueden recibir protección por la misma banda o sufrir represalias por haber delatado a Conde.

Ana Minga, experta en seguridad y perfiladora criminal, comenta que en las cárceles la fuerza pública se ha convertido en una ‘presa fácil’ de corromper. De acuerdo con su análisis, los militares o los policías colaboran con el crimen organizado por dos razones:miedo o plata.

Investigaciones que ha realizado Minga revelan una nueva realidad en la que las cabezas de los uniformados tienen precio. “Matar a un policía que se haga parte de una banda tiene un precio de cinco mil dólares. De un militar, diez mil”.

Por otra parte, Minga enfatiza que cuando se capture al líder de una banda, este debe ser llevado a un reclusorio donde no pueda tener contacto con otros cabecillas, porque existe el peligro de nuevas alianzas o estrategias en común que perjudican la seguridad del país, lo que puede generar un aumento de la violencia en las calles.

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