La curtida fiscal especializada colombiana Consuelo Alexandra Montañez Dueñas, con amplia experiencia en unidades antisecuestro, antinarcóticos e interdicción marítima en ese país, hoy está bajo la lupa de la justicia.

Aunque no es la primera vez que se indaga a Montañez -en agosto de 2010 fue suspendida por el Consejo Superior de la Judicatura durante un mes por “haber actuado en contravía de sus deberes funcionales”-, ahora su nombre está vinculado a un resonado caso que impactó a la política ecuatoriana en 2012.

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En efecto, la fiscal fue quien investigó el secuestro del exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Balda, ocurrido en agosto de ese año en el norte de Bogotá. Ella llegó a un polémico preacuerdo, que hoy está bajo investigación de la justicia colombiana, con cuatro de los implicados en este hecho: Moisés Enrique Pérez Escobar, Diego Luis Moreno Navia, Jimmy Erley Navia Hurtado y Jaider Yajaira Valencia Lazzo.

Desde un principio, el caso estuvo marcado por inusuales movimientos. El primero de ellos tuvo que ver con la forma en la que la fiscal Montañez asumió la investigación. El 6 de diciembre de 2012, Mery Patricia Conejo Téllez, Jefe de la Unidad de Fiscalías contra el Secuestro y la Extorsión, le envió una carta al entonces fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre.

En la misiva, Conejo le dice a Montealegre que evalúe la posibilidad de que el fiscal José Ignacio Umbrilla, que ya había avanzado en las investigaciones del secuestro, continuara al frente del caso. Entre otras, porque Umbrilla ya había tomado contacto con la víctima (Balda) y existía un “plan investigativo coherente y efectivo, dirigido a establecer la veracidad de los hechos”.

No obstante, la recomendación no fue tenida en cuenta y la cuestionada fiscal Montañez terminó haciéndose cargo de la investigación.

Aunque todo indicaba que el proceso por el secuestro de Balda terminaba ahí, el pasado 6 de junio, una sentencia judicial revivió las sombras sobre lo ocurrido aquel día. La condena fue contra la abogada Judy Mónica Ospina Guzmán, por el delito de falsedad en documentos.

El juez 61 penal de conocimiento de Bogotá, el 26 de mayo pasado, le formuló cargos a Ospina por haber figurado como la defensora de Balda durante la audiencia de formulación de cargos, pese a que la víctima nunca le concedió su representación. Ospina aceptó los cargos y fue condenada a 45 meses y 10 días de prisión.

“Lo que hace más grave el hecho es que Mónica Ospina era abogada de dos de los secuestradores (Moisés Pérez Escobar y Jaider Valencia) y luego fungió con autorización de la fiscal como abogada de la víctima”, dijo en un comunicado Balda que fue reproducido en el portal digital elexpediente.co.

En medio de el proceso contra Ospina, se reveló que la fiscal Montañez habría sido la responsable de reclutarla para que fingiera ser la apoderada de Balda. En audiencia de acusación del 22 de marzo pasado ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal, la Fiscalía señaló que Montañez sería responsable de tres delitos.

Estos son falsedad ideológica en documento, prevaricato por omisión y fraude procesal como autora. De hecho, la propia Fiscalía colombiana pidió que se le declare como víctima dentro de este proceso para “conocer la verdad de lo sucedido y para evitar y establecer las medidas tendientes para que no vuelvan a ocurrir acciones iguales”, explicó la representante del ente acusador.

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Al cierre de esa diligencia judicial, el magistrado Bernal fijó para el 17 de mayo de 2023, a las 9 de la mañana, la audiencia preparatoria en contra de Montañez por sus “irregulares” actuaciones durante el proceso que terminó en la imputación de secuestro simple en contra de los responsables del ataque contra Balda en Bogotá.

Este Diario contactó al exfiscal General de la Nación de Colombia, Eduardo Montealegre, para preguntarle sobre la razón por la que la fiscal Montañez fue asignada como investigadora del secuestro de Balda, pese a la advertencia de la jefe de la unidad contra secuestro, Mery Patricia Conejo.

“No estoy enterado de los detalles del señor Balda. Tengo que documentarme primero”, fue la respuesta del exalto funcionario judicial. Montealegre es, además, el abogado de Andrés Araúz, el más probable candidato del correísmo a las próximas elecciones a la Presidencia, en una demanda que fue interpuesta ante el actual fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, el pasado mes de mayo.

La fiscal Montañez, de acuerdo a registros judiciales consultados por este diario, figura como demandada en al menos ocho procesos más.

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