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Estado reconocerá responsabilidad en la muerte de Paola Guzmán
La adolescente se suicidó en 2002, luego de ser acosada y abusada sexualmente por el vicerrector del colegio donde estudiaba. Tenía 16 años
El pasado 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió un fallo histórico, en el que declaró al Estado ecuatoriano culpable por la violencia y abuso sexual sistemático que sufrió Paola Guzmán Albarrachín. Ella era una adolescente que, a los 16 años, se suicidó a causa del acoso y abuso sexual que sufrió por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba.
El Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer (Cepam) Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos acompañan el proceso desde hace 15 años. En ese entonces, Bolívar Espín, vicerrector del colegio donde estudiaba, abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones.
Con su fallo, la Corte IDH reconoció el derecho a la educación sexual y reproductiva como parte del derecho a la educación. Una educación que a Paola no le fue garantizada y a la que no pudo acceder en condiciones de igualdad.
El Estado ecuatoriano entregará a Paola el título póstumo de bachiller, en reconocimiento a su derecho a la educación y de todo lo que vivió y todo lo que le fue negado. Con estas disculpas, además, se admitirá a Paola como una víctima, lejos de los estereotipos de género que la culpabilizaron y estigmatizaron socialmente cuando ocurrió el hecho.
La sentencia es un acto reparatorio, cuya difusión contribuye a que la sociedad en su conjunto conozca la responsabilidad del Estado, así como la verdad de los hechos. Petita Albarracín, mamá de Paola, comentó el caso de su hija no se trató de un hecho de enamoramiento (como se difundió inicialmente), sino de violencia sexual que desembocó en su muerte. Y hoy, luego de 18 años de una búsqueda incansable de justicia, la sociedad y el Estado lo reconocen.
La decisión de la Corte IDH tiene un alcance internacional y por eso los Estados de la región deben crear políticas públicas para garantizar los derechos que el fallo reconoció. En ese sentido, el acto público en Ecuador también marca el inicio de un proceso de implementación que estarán impulsando las organizaciones de la sociedad civil en favor de todas las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe.
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