Un niño que ha sido reclutado por un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) tiene un ‘salario’ de entre 2.000 y 4.000 dólares, en Ecuador. Un niño que ha matado a cinco personas, recibe a cambio una motocicleta, en Esmeraldas. Un niño que ha cumplido con la base de las extorsiones, obtiene un bono…

Estos datos se desprenden de la investigación ‘Doble criminalización en los cantones considerados “altamente peligrosos” en Ecuador: un análisis in situ’, que fue presentado esta semana por Katherine Herrera Aguilar, consultora política en Seguridad Pública de Estado.

El estudio se basó en cifras de la Fiscalía, Policía Nacional, medios de comunicación y otras investigaciones, que representan el 30 %. El otro 70 % se obtuvo a través del trabajo en territorio, donde Herrera contactó a aquellos que están en la primera línea de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, en cantones como Durán, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Quevedo, Mataje, San Lorenzo.

Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, las provincias más afectadas por la violencia criminal se ubican en la región Costa: Los Ríos, 41,3 %; Guayas, 38,3 %; Esmeraldas, 37,6 %; Manabí, 25,4 %. Son indicadores de 2022 y 2023 que dan cuenta de la inseguridad -consta en el informe-.

En 2022, cuando Herrera era directora de la Unidad Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior, evidenció que los menores de edad se convertían -cada vez más- en “atractivos” para los GDO. Porque son más vulnerables, manipulables y, sobre todo, porque buscan un sentido de pertenencia, debido a que el “Estado no está presente”, insiste.

Hay quienes creen -dice- que los menores se vinculan a los grupos criminales por dinero. Pero no. Al menos no al inicio. “A ellos les interesa que alguien se preocupe, que les dé una guía, que les escuche”, precisa la experta. Además, muchos de los niños tienen familias, pero que no están en sus hogares por diversas razones. Entonces, crecen sin una figura de autoridad, sin amor y protección. Detrás hay un patrón común: la pobreza.

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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre de 2022, en el área urbana, la pobreza llegó al 17,8 % y la pobreza extrema a 3,9 %. Finalmente, en el área rural, la pobreza alcanzó el 41,0 % y la pobreza extrema el 17,4 %.

Como consecuencia, en los barrios pobres no hay equidad ni oportunidades. Y los niños no pueden escoger otra vida. Están inmersos en la violencia. Y a la par, hay deserción escolar.

A partir de 2022 -indica- se ve una mutación del crimen organizado. “Ya no solo hablamos de narcotráfico”, advierte. Aparecen delitos diferentes como la trata de personas, extorsiones, secuestro, minería ilegal y despuntan las ‘vacunas’. Es ahí cuando las estructuras criminales empiezan a buscar ‘mano de obra’ más barata y lealtad, a cambio de brindar ‘sentido de pertenencia’. ¿Quiénes son los más apropiados? “Los niños, niñas y adolescentes”, sentencia.

El objetivo se centra en aquellos menores de edad que han tenido una experiencia previa en cometer delitos. Para reclutarlos, los engañan. Les ofrecen ayuda para sus familiares, juegos o un falso amor paternal. Una vez que forman parte de los GDO, dejan de pertenecer a su familia de sangre.

Cuando Herrera le preguntó a un adolescente, de 15 años, si tenía miedo a morir o a perder su libertad. Él, quien forma parte de una estructura criminal desde que cumplió los 10, contestó: “Nosotros, cuando nacemos y vivimos, sabemos que nos vamos a morir (...) Ir a la cárcel es una posibilidad, pero no me quita la emoción de lo que siento de pertenecer a esto”.

Es el delito de trata de personas, precisa la experta. Aunque no hay una cifra real de cuántos son los casos de militancia de menores de edad dentro de estos grupos en Ecuador, a través de opiniones y trabajos con habitantes de las comunidades, reportes de partes policiales -señala la experta- “casi el 60 % del total de los GDO son menores de edad”. Los líderes o lideresas de los barrios contaban “cómo los niños que vieron nacer, crecer, ahora son parte de los GDO”.

Entre enero y junio de 2023, la Policía detuvo a 1.326 niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años, por delitos como sicariato, microtráfico, robo a personas, tenencia de armas, entre otros. En la investigación de Herrera, saltó un dato relevante. En los cantones de “alta peligrosidad”, en los partes de policías comunitarios coincidía que un menor de edad participaba de forma directa o indirecta.

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Hay casos que se han expuesto. Por ejemplo, dos de los 13 detenidos por el ataque terrorista al canal de TC, en Guayaquil, tenían entre 15 y 17 años, informó el 10 de enero de 2024 -un día después del hecho-, el comandante de la Zona 8 de la Policía, Víctor Herrera Leiva. El atentado fue atribuido al GDO Los Tiguerones.

Hay más. Dos niños fueron detenidos por el asesinato del sargento Freddi David Bonilla Ferrín, en Esmeraldas, el 13 de febrero de 2023.

Su participación se inicia con las ‘vacunas’. Luego, extorsiones. Avanza al secuestro. Y, posteriormente, se ‘envuelven’ en todas las dinámicas del crimen organizado. De manera paralela, actúan como sicarios, que es el trabajo más bajo en estos grupos. Pero previamente van a ‘escuelas’ de entrenamiento. En Manabí, Los Ríos y Guayas, estos espacios están dentro de los sectores considerados como “altamente peligrosos”.

Pero en provincias fronterizas, como en Esmeraldas -San Lorenzo, Mataje-, hay niños que son enviados a entrenar con los disidentes de las FARC para que aprendan dinámicas de combate totalmente distintas. En 2022, entre el 5 y el 7 % de menores de edad en la Provincia Verde eran captados por GDO, dice. “Ahora podemos hablar de más del 30 %”.

1. “Hay una criminalización por parte del Estado porque hay una ausencia total a través de servicios básicos, de la entrega de derechos”, explica. E insiste en que el Estado aún no logra entender que primero tiene que haber una intervención a través de la fuerza pública para retomar el control de estas estructuras criminales, pero también deben intervenir las otras ramas del aparataje estatal: salud, cultura, educación, deporte, etc.

2. La investigación reveló una segunda criminalización. Los GDO ya tienen identificada la geopolítica positiva que ofrecen dichos lugares para incrementar y mejorar su economía ilícita. Por ejemplo, hay zonas que han sido invadidas, viven en pobreza extrema, y donde los delincuentes ven una oportunidad para extorsionar. “En algunos casos, les quitan sus casas para que estas puedan ser utilizadas como centros de acopio, lugar de organización”, detalla. Porque no hay autoridades que controlen.

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A los integrantes de estas organizaciones delictivas no les interesa que haya desarrollo. “Cuando hay desarrollo, hay menos oportunidades de que puedan operar, y por tanto, las personas no van a caer fácilmente en la captación y reclutamiento para cometer actividades penadas por la ley”. Pero como no lo hay, caen por amenazas, porque sus vidas están en peligro, o porque encuentran una oportunidad en los negocios ilícitos.

Hay barrios –cuenta Herrera– donde los GDO se vuelven “salvadores” o “protectores”. “Te puedo proveer de este trabajo, pero a cambio pido fuerza de obra barata y lealtad para hacer mis actividades”. Es el discurso de los líderes, quienes tuvieron una vida delincuencial activa, incluso estuvieron en centros de rehabilitación, pero vuelven ‘renovados’ a operar con el consentimiento de algunos ciudadanos. Además, garantizan al pueblo ‘seguridad’, ya que supuestamente no van a permitir disputas territoriales con otros grupos.

La gran cantidad de dinero que genera las extorsiones, las vacunas, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, no se queda dentro de estos sectores, si no que se va a grandes residencias o incluso sale fuera del país.

3. De la investigación salió una tercera criminalización, pero esta es de parte de la sociedad. Herrera recuerda el caso de un joven que no podía encontrar trabajo porque decía que vivía en Nueva Prosperina. O el caso del adolescente, de 17 años, que fue golpeado y quemado por un pueblo enardecido que lo culpaba de haberse robado aguacates de una hacienda, en Carchi. Aunque no se puede justificar la actuación de los linchadores, dice, hay que entender, porque el Estado no garantiza la seguridad y por tanto la gente debe prevenir con sus manos.

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