Jorge quiere ser administrador de empresas. Cursa el tercero de bachillerato en un colegio ubicado en el sector de Itchimbía, en el centro de Quito. Está a pocos meses de graduarse, pero tiene miedo de ser víctima de otro ataque que le arrebate sus sueños... o tal vez su vida.

El 20 de febrero, otro estudiante lo apuñaló por disputarse la cancha de vóley durante el receso. Recuerda que el agresor intentó clavarle el cuchillo en el corazón, pero él puso el brazo izquierdo para defenderse. Casi pierde la movilidad de la mano. Le suturaron siete puntos internos y ocho externos alrededor de su muñeca.

Desde entonces Jorge asiste al plantel educativo con miedo. Teme que el ‘cuchillero’ lo vuelva atacar por represalia. El agresor fue suspendido de clases y se sigue una investigación para determinar la sanción que recibirá.

El adolescente, de 17 años, se siente desprotegido y utiliza mascarilla cuando sale del plantel para evitar ser reconocido. Asegura que el jueves pasado había personas ajenas a la institución merodeando la zona. “Pueden ser amigos del agresor. No sé. Tengo miedo”.

Su padre trabaja como jefe de construcción de una obra en la Amazonía, pero por este problema ha tenido que viajar a Quito constantemente para respaldar a su hijo. “No le apuñalaron a un perro. Debo protegerlo y presionar a las autoridades para que se haga justicia”, dice indignado.

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Agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) realizan el levantamiento de información afuera del establecimiento y se han percatado de que el estudiante suspendido todavía va al colegio, pero se queda en las afueras a la hora de salida esperando a un grupo de chicas.

Uno de los policías señala que durante la audiencia del caso de agresión, la autoridad dispuso medidas de protección para que el atacante no se acercara a la víctima, “pero parece que no lo está cumpliendo”.

El jueves realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos y citaron a algunos profesores y autoridades del plantel para que rindieran la versión de lo acontecido el día del apuñalamiento.

Estudiantes abandonados

A partir de este hecho violento, los padres de familia decidieron hacer brigadas por las mañanas, para impedir que los estudiantes ingresaran con objetos prohibidos.

Además, exigieron a las autoridades del establecimiento que les permitieran hacer rondas durante el receso para evitar que los chicos consuman licor o estupefacientes en los baños.

Este tipo de medidas se salen de lo establecido, según la abogada Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar, quien señala que las escuelas y colegios han dejado de ser espacios seguros y libres de violencia. “Los padres deben estar en sintonía con la comunidad educativa, pero tampoco al punto de hacer las acciones que corresponde a la Policía Nacional o a las autoridades del establecimiento educativo”.

La jurista explica que los profesionales que deben estar a cargo de la prevención del delito en las escuelas y colegios son quienes trabajan en el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de cada plantel, pero según Martínez existe un déficit a nivel nacional.

La abogada explica que la norma establece que el máximo de alumnos que deben estar a cargo de un profesional de este departamento debe ser de 451, para que no exista sobrecarga.

Sin embargo, en el país existen 3.192 funcionarios para 4’408.000 alumnos. Es decir, para que se cumpla con la normativa faltarían 6.604 profesionales. Para Martínez, si se cumpliera con esta regla podrían evitarse situaciones como las que vivió Jorge. “No simplemente es actuar correctamente con los protocolos cuando existe un acto de violencia, hay que prevenirlos”.

Las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el 2021 establecen en el capítulo octavo una serie de artículos sobre la cultura de paz, la prevención y erradicación de la violencia en el contexto educativo.

El artículo 64.6 señala: “Las instituciones educativas deberán establecer programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar; promover el respeto a la vida y a la integridad física de las y los estudiantes”. Sin embargo, según Martínez, estos planes no se han implementado en los planteles y, lo que es peor aún, ni siquiera se ha reconocido a la violencia criminal y a la delincuencia organizada como parte de los problemas a prevenir en este contexto de inseguridad.

Más problemas

Carmen es madre de dos chicos que estudian en el colegio de Itchimbía. Uno de ellos tuvo un altercado con el mismo muchacho que apuñaló a Jorge. La mujer contó que dos semanas antes de dicho ataque, dicho estudiante habría ido al curso de su hijo con un cuchillo para amedrentarlo, porque supuestamente este había avisado que estaba bebiendo licor.

La progenitora fue donde la rectora del plantel para alertar del hecho y la autoridad le había dicho que colocara una denuncia. Sin embargo, Carmen desistió porque se enteró de que los familiares del muchacho agresor serían parte de una organización delictiva que opera en el centro de la ciudad.

Luego, al enterarse del caso de Jorge, decidió colocar la denuncia formal y mañana lunes 4 de marzo tiene una audiencia en la que deberán dar la versión de los hechos su hijo y el chico agresor. “ Mi pequeño no quiere ir. Está asustado”, asegura la mujer.

Tanto es el temor de los padres de familia por el chico ‘puñalero’ que realizarán un plantón mañana antes de la hora de ingreso, para exigir a las autoridades que lo separen del plantel educativo.

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Jorge anhela lo mismo. Él quiere terminar el último año lectivo sin tener problemas o, por lo menos, con el respaldo de que las autoridades lo apoyan porque, según él, los profesores ni siquiera le preguntan cómo está. “Solo me dicen que si voy a continuar con el caso y se van”.

EXTRA envió una solicitud de información al Ministerio de Educación para conocer más detalles del caso y cuáles son las acciones que han tomado al respecto. Además se pidió hablar con algún vocero de la institución, pero hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

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