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Jóvenes detenidos.Jaime Marín / Extra

Prisión preventiva para tres agresores de agentes de la Guardia Ciudadana

Según el informe del jefe de la Guardia Ciudadana, Guillermo Cobo, en el sitio había unos quince jóvenes y, al percatarse de la presencia de los agentes procedieron a romper botellas de vidrio para atacarlos

A 30 días de prisión preventiva -como medida cautelar para la instrucción fiscal- dispuso el juez de la Unidad Judicial Penal del Cuenca, Freddy Barba, en contra de tres jóvenes que agredieron físicamente a Agentes de la Guardia Ciudadana. Además, los sancionados habían causado daños materiales a bienes públicos.

El hecho se registró la madrugada del domingo 11 de marzo en el parque Jacaranda, al este de Cuenca, durante un operativo de control de consumo de alcohol en la vía pública.

Según el informe del jefe de la Guardia Ciudadana, Guillermo Cobo, en el sitio había unos quince jóvenes y, al percatarse de la presencia de los agentes procedieron a romper botellas de vidrio para atacarlos.

Cuatro de los seis uniformados resultaron heridos, incluso uno de ellos fue golpeado con una madera y causó que su casco quede destrozado. “Por la fuerza del golpe con un palo hubiera perdido la vida” expresó Cobo.

Los jóvenes ocasionaron daños al bien público al destruir motocicletas de la institución, agregó el jefe de la guardia ciudadana. Para control el hecho fue necesaria la presencia de personal de Policía Nacional, quienes detuvieron a tres de los quince hombres -que se encontraban en estado de ebriedad- como presuntos autores de la agresión. Los otros doce no fueron detenidos, pero deberán cancelar una multa de 187.50 dólares correspondiente al 50% de un salario básico, conforme la Ordenanza Municipal vigente desde el 27 de julio del 2014 y que prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.

De su lado, los tres detenidos serán sancionados conforme establece el artículo 283 inciso uno del Código Orgánica Integral Penal, COIP, que dice: “la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos a los depositarios o agentes de la fuerza pública (...) cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.