Los métodos de cobro de deudas en el país continúan sin freno, especialmente a través de llamadas telefónicas fuera del horario de oficina y durante los fines de semana. Sin embargo, ahora se está cruzando una línea peligrosa, violando la privacidad de las personas y dañando su reputación. Las notificaciones ya no se limitan al correo electrónico del deudor, sino que están siendo enviadas a su círculo cercano: jefes, compañeros de trabajo y amigos, en un intento por forzar el pago de las deudas.

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Un claro ejemplo ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando Pablo (nombre protegido) recibió un correo de una empresa de cobranzas, que le informaba sobre su deuda con el Banco del Pacífico. El mensaje indicaba que la deuda había sido transferida al consultorio jurídico de la empresa Polcom y que debía cancelarla en un plazo máximo de 48 horas. Lo alarmante fue que, además de Pablo, el correo fue enviado a sus jefes y compañeros de trabajo.

César Coronel, presidente de Defensa de Deudores de Ecuador, destacó que este tipo de abusos no son nuevos, y que, ante la creciente preocupación, hace dos años y medio se reformó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para establecer límites claros en cuanto a las prácticas de cobranza. La ley establece sanciones y establece que solo el deudor, el codeudor o el garante pueden ser contactados, advirtiendo que cualquier intento de contactar a personas ajenas a la deuda, como familiares o compañeros de trabajo, es una práctica de hostigamiento.

“El hostigamiento está penado por la ley, con una multa que va de 1 a 10 salarios básicos unificados (SBU), que podría duplicarse en caso de reincidencia”, explicó Coronel. Además, añadió que las víctimas de estos abusos pueden recibir una indemnización, en casos donde el hostigamiento haya puesto en riesgo su trabajo o haya causado daños psicológicos. En uno de los casos más extremos que defendió su organización, los cobradores enviaron mensajes de texto en términos hostiles a los hijos menores de edad de un deudor, lo que resultó en una indemnización.

¿Cómo denunciar los abusos?

Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo del Guayas, señaló que este año se han recibido 38 quejas por abusos de empresas de cobranzas. En casos de deudas con casas comerciales, la queja se gestiona directamente con las empresas de cobranza, recordándoles la prohibición de contactar a personas ajenas al deudor. Si la deuda es con entidades financieras, la queja se remite a la Superintendencia de Bancos.

No obstante, Coronel sugirió otra vía más efectiva para resolver rápidamente los casos y obtener reparaciones por daños: acudir ante un juez o jueza de contravenciones, quien puede imponer sanciones o indemnizaciones según los hechos comprobados.

En algunos casos, las empresas de cobranza incluso intentan amedrentar a los deudores con amenazas que no tienen validez legal. Por ejemplo, recientemente la firma AhrtGroup advirtió a Andrea (nombre protegido) que, si no pagaba su deuda, iniciarían un proceso coactivo. Coronel aclaró que las empresas privadas no tienen potestad para iniciar procesos coactivos, ya que eso solo le corresponde al Estado.

A pesar de los intentos de contacto, este Diario intentó obtener una respuesta de representantes de Polcom y AhrtGroup sobre el tema, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición.

Responsabilidad compartida en los abusos de cobranza

La ley también establece una responsabilidad compartida. No solo las empresas de cobranza pueden ser sancionadas, sino también las firmas que las contratan para gestionar sus deudas. Blanca Gallo, gerente nacional de Cobranzas del Banco del Pacífico, aclaró que la entidad financiera no mantiene contratos vigentes con Polcom para la cobranza de deudas. Sin embargo, explicó que en el pasado, el banco vendió a esta firma una cartera castigada, lo que exime al banco de cualquier responsabilidad por los métodos de cobranza que esta empresa utilice.

“Una vez que la cartera fue vendida, ya no tenemos relación con ella. Polcom ahora es la propietaria de la deuda, y deben gestionar la cobranza según las competencias que les permite la ley”, explicó Gallo.

Por su parte, Coronel recomendó a los deudores que deseen denunciar un abuso de cobranza, obtener primero un reporte del buró de crédito para verificar a nombre de quién está la deuda, ya que a menudo las carteras son transferidas sin que el deudor sea notificado previamente.

Excepciones legales en los cobros

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también contempla excepciones para ciertos cobros. Según los numerales 1 y 5 del artículo 7, se permite contactar a familiares o personas cercanas a un deudor si esto ha sido previamente acordado en el contrato, mediante una cláusula específica que otorga su consentimiento explícito. Sin embargo, esta práctica debe estar claramente estipulada y acordada por el deudor en el contrato inicial.

De esta forma, aunque existen regulaciones claras para proteger a los consumidores, las prácticas abusivas en los cobros de deudas siguen siendo una realidad que afecta la privacidad y la tranquilidad de muchas personas.

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