Uno de los casos más dramáticos es el de Brasil, que albergaba hasta finales de 2019 a 755.274 presos, una cifra que lo sitúa como el tercer país con más población de ese tipo en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.El sistema brasileño es para varias organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los "peores" por el hacinamiento que, como era de esperar, permitió que el virus se sintiera a sus anchas.

Datos oficiales indican que, desde que la covid-19 llegó a Latinoamérica en febrero de 2020, unas 340 personas han fallecido por el virus en Brasil, entre reclusos y funcionarios, y 67.262 han sido contagiadas.  De hecho, el número de muertes por coronavirus en las prisiones brasileñas aumentó un 190 % en el primer bimestre de 2021 frente a los dos últimos meses de 2020, de acuerdo con el Gobierno.  

Así, por ejemplo, entre el 22 de febrero último y el 22 de marzo, la tasa de defunciones subió un 17,6 %, más del doble que un mes antes (8,4 %) y, lo que es peor, la pandemia está lejos de detenerse en esa nación, que se aproxima peligrosamente a los 14 millones de casos y 400.000 fallecidos por la mortal enfermedad.

COLOMBIA: VIEJOS Y NUEVOS MALES

Justo en marzo de 2020, cuando América Latina empezaba la cuarentena, los reclusos de más de diez cárceles de Colombia se amotinaron para protestar por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio, una revuelta que dejó 24 presos muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá y 107 heridos -76 reclusos y 31 guardias-.

Human Rights Watch calificó esas muertes de "intencionales", ya que "la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia" eran "consistentes" con haber sido "infligidas con la intención de matar".Frente a estos hechos, el Movimiento Nacional Carcelario explicó que el sistema vive en la "precariedad", una situación que se ha manifestado en un "hacinamiento del 53 %" y en la "falta de abastecimiento de agua las 24 horas del día; la propagación de chinches, zancudos, ratas y palomas, y las miserables condiciones de aseo para los espacios comunes".

Al respecto, la subdirectora de Salud del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Martha Isabel Gómez, dijo a Efe que el hacinamiento "juega a favor de que se aumenten los casos de contagios porque hay menos distanciamiento físico y ventilación".Datos suministrados por la funcionaria indican que, hasta el 9 de abril de 2021, los centros penitenciarios de Colombia tenían "25.475 personas contagiadas, de las cuales 24.804 se han recuperado, 534 están en proceso de recuperación y 137 fallecieron", dentro de una población total de 98.020 reclusos y un hacinamiento oficial del 21,17%.

Tras las revueltas y para frenar el avance del virus, se suspendieron las visitas, el ingreso de abogados y de reclusos provenientes de las estaciones de Policía, se intensificó la búsqueda de los sintomáticos respiratorios y se aislaron, y se entregaron mascarillas, jabón y productos antisépticos, lo cual "permitió tener un control de la pandemia", comentó Gómez.

RÍOS DE SANGRE EN ECUADOR

En febrero pasado Ecuador, que tiene a 38.693 personas privadas de la libertad en 67 centros con capacidad para 29.897 reos, vivió su peor ola de violencia carcelaria en la historia, con 79 internos muertos y una veintena de heridos.

La crisis, que se desató simultáneamente en cuatro cárceles, puso de manifiesto no solo problemas crónicos sino también de corrupción.  Expertos en el tema como el periodista Arturo Torres creen que los responsables de la matanza fueron "Los Choneros", considerados el brazo armado del Cartel de Sinaloa y que se disputa el control de ciertos territorios de Ecuador para el envío de droga al exterior con el también mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación.

A lo anterior se suman viejos males como el hecho de que solo hay 1.500 guardias de los al menos 7.000 que se requieren en todo el país.  Por ello, para Torres las cárceles ecuatorianas son un "enfermo terminal" al que se le sumó la pandemia.  Ante dicha urgencia y para prevenir que nuevamente corrieran ríos de sangre, el Gobierno puso en marcha medidas sustitutivas a quienes cumplían penas por delitos menores y logró reducir del 42 % al 30 % el hacinamiento.