Dos estudiantes de sexto curso de una unidad educativa de Cayambe, en la provincia de Pichincha, iniciaron desde la semana pasada una adaptación curricular para la entrega de trabajos pendientes. Ellas atraviesan un proceso difícil luego de que habrían sido víctimas de violación por parte de cuatro profesores y otro sujeto, el pasado 28 de febrero.

Dos de ellos, quienes eran sus tutores de investigación, supuestamente las convencieron de subirse a un automóvil y se las llevaron a las afueras del cantón. Les habrían dado una bebida que las dejó parcialmente inconscientes. Luego se encontraron con dos docentes más y las trasladaron al domicilio de un quinto individuo, donde presuntamente las obligaron a beber licor y les agredieron sexualmente.

Los cinco sujetos son investigados por la Fiscalía por el delito de violación y dos de ellos tienen prisión preventiva. Además, uno de estos últimos, Brayan T., también fue procesado por incumplimiento de una orden de autoridad competente luego de que supuestamente se acercó a una de las colegialas ultrajadas.

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Este hecho ha conmocionado a los habitantes de esta pequeña localidad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Quito. Las personas han denominado a este caso como ‘La Manada de Cayambe’ porque, de comprobarse el delito, se trataría de una violación grupal.

Protesta en redes sociales por el caso de Cayambe

La noche del 24 de abril, decenas de usuarios de la red social X (antes Twitter) publicaron posts, hilos, imágenes, videos y reflexiones acompañados con el hashtag #LaManadaDeCayambe.

Esta iniciativa fue impulsada por Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar y activista de Derechos Humanos, quien indicó que esta ‘protesta digital’ es un llamado a la justicia del país para exigir sanción a los agresores, pedir reparación integral para las víctimas y gestionar entornos educativos sanos, seguros y libres de violencia.

Martínez señala que en este proceso judicial se han evidenciado irregularidades que han puesto en tela de duda las decisiones de las autoridades. Estas anomalías las comparó con las que se presentaban en la comisión Aampetra, en la Asamblea Nacional, sobre todo, cuando se evidenciaba una falta de articulación institucional que permitiera enfrentar de forma coordinada e integral la violencia sexual en los establecimientos educativos.

Esta comisión del legislativo se creó para investigar hechos de abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo ecuatoriano.

Su nombre fue inspirado en el caso ocurrido en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) donde un profesor abusó sexualmente a 43 niños que tenían entre 10 y 11 años durante el año lectivo 2010-2011.

Comparado con el caso de Cayambe, la activista explica que existe el mismo espíritu de cuerpo (sentimiento de honor y orgullo que comparten los miembros de una organización con unos valores específicos) para beneficiar a los agresores. “Los distritos de educación solo sirven de tamiz para encubrir este tipo de casos”, sostiene.

Martínez añade que la comunidad educativa, lejos de proteger a las víctimas, lo hacen a favor de los agresores. En este caso, afirma que no se siguieron los protocolos adecuados cuando se detecta una alerta de violencia sexual y que no se levantó una denuncia desde la institución educativa.

Según el Código Integral Penal (COIP) el delito de violación se castiga con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. La norma establece que si el agresor es una persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima, como un profesor, recibirá la pena máxima.

El estereotipo de víctimas y victimarios

Uno de los abogados de las adolescentes señala que ellas estuvieron expuestas al amedrentamiento de los profesores porque no se tomó cartas en el asunto a tiempo. Luego de la agresión, las chicas asistían al colegio con normalidad y supuestamente las señalaban de buscar un interés económico con el proceso judicial.

El jurista asegura que los agresores dejaron de acosarlas cuando uno de ellos fue detenido por incumplir con la boleta de auxilio. Además, indica que las estudiantes han sido desprestigiadas en la comunidad educativa y social (Cayambe) a tal punto de que ellas quieren mudarse a otra ciudad. Por lo pronto, esperan graduarse para luego buscar la manera de migrar junto con sus familias.

Kassandra Andrade, abogada y experta en Derechos Humanos, lamenta que la justicia ecuatoriana evalúa a los implicados en un caso de violencia sexual con base a estereotipos.

Según la jurista, los categorizan con perfiles creados desde la consciencia de los jueces y fiscales, sin enfoque de género. Es decir, si la víctima no tiene preparación académica, carece de recursos económicos o tiene algún tipo de discapacidad, la pueden considerar como vulnerable e indefensa.

Sin embargo, si por el contrario, la afectada tiene un nivel de consciencia elevado, un grado académico alto y posición económica estable, “cuestionan si en verdad es una víctima”.

Asimismo, Andrade señala que la visión sesgada de las autoridades establece que un ‘victimario real’ sería una persona de un barrio marginado, sin estudios o preparación profesional. En cambio, como en este caso, cuando los agresores son docentes que trabajan en una institución pública es difícil creer que cometieron un delito.

“Las autoridades de la función judicial a veces se rigen en estereotipos o roles de género y no en leyes y normativas lo que se traduce en una falta de ética profesional”, concluye.

¿Cómo va el proceso judicial?

El 22 de abril se realizó la audiencia de revisión de medidas a Brayan T., puesto que él tenía que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial por el delito de violación; sin embargo, dejó de hacerlo luego de que lo detuvieron cuando intentó acercarse a una de las menores de edad.

El juez revocó las medidas y dictó prisión preventiva por el delito de carácter sexual. Este sujeto, según el expediente del caso, habría estado junto a las adolescentes en los asientos traseros de un vehículo horas después de que supuestamente cometió la agresión sexual.

Brayan T., en compañía de otro de los implicados, fue a dejar a las chicas en el sitio donde hacen prácticas de enfermería. Ahí les esperaban familiares de las estudiantes y miembros de la Policía porque no había rastro de su paradero y comenzaron a buscarlas. El docente presuntamente no quería salir del auto y una de las víctimas, quien todavía permanecía bajo los efectos del alcohol y la droga, abrió la puerta y en ese momento atraparon a Brayan T. Este habría gritado “yo pago todo, yo les voy a pagar”.

Desde entonces, hasta la audiencia de revocatoria de medidas, el procesado ha recibido el apoyo de decenas de padres de familia del colegio en el que trabaja y de sus allegados, quienes consideran que es inocente. Incluso realizaron un “pollo solidario” para reunir fondos y pagar a su defensa.

Su abogado, Lenín Rosero, aseguró a los medios locales que no existen elementos probatorios que establezcan que su defendido cometió el delito de violación. Además, puntualizó que hallaron contradicciones en las versiones de las adolescentes.

“No debemos comprobar que Brayan es inocente porque nació inocente, la Fiscalía debería comprobar que es culpable”.

El caso se encuentra en instrucción fiscal, etapa que culminará el 9 de mayo. Hasta entonces se esperan los resultados de las pruebas de ADN y la extracción de información de los celulares de los docentes procesados.

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