De enero a marzo del 2023, un aproximado de 50 niños han sido asesinados en Ecuador, como blancos del sicariato y víctimas colaterales de intento de homicidios y enfrentamientos, según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased). Además, el año pasado, de los 264 menores asesinados a escala nacional, 80 eran bebés.

“Estamos teniendo una crisis estructural en cuanto a protección de los niños, que nos traerá factura a mediano plazo porque tendremos niños deprimidos por el crimen, individuos con ansiedad y con problemas psicológicos”, acota el abogado especialista en Derechos Humanos y académico, Efrén Guerrero.

Para el jurista, hay que poner a los niños en lo más alto de la agenda pública, porque, menciona, en los últimos años el país se ha centrado en otros temas y no ha habido una adecuada política que los proteja.

“Ecuador tiene una estructura normativa que protege los derechos de los niños como la Comisión de las Naciones Unidas por el derecho de los Niños, el Código de la Niñez y la Constitución, lo único que hace falta es voluntad política e inversión prioritaria”, destaca.

Escuchar a los niños

Para Guerrero, la apuesta por más policías cerca de las instituciones educativas para proteger a los menores, por ejemplo, no resuelve el problema de fondo, sino más bien que todos los involucrados, como familia, escuelas, instituciones que trabajen por los infantes y el Gobierno, en general, busquen respetar las políticas públicas y establecer nuevas que fomenten su sano desarrollo.

Una de ellas puede ser, explica, tomar en serio la opinión de los mismos niños. “Uno de los grandes problemas es creer que los niños y adolescentes son incapaces de ser parte de la toma de decisiones de sus derechos”.

Trabajo infantil y abandono

El refuerzo policial y militar tampoco es la mejor ayuda ante la inseguridad y más si se trata de la protección de derechos de los niños, analiza Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) con sede en Guayaquil.

“Poner a un policía en la puerta de la escuela no es suficiente. Hay que generar otro tipo de acción en el interior de la escuela en el que la comunidad pueda sentir un espacio de construcción”, detalla.

Navarrete menciona también, basado en información de la red comunitaria que preside, que además de la inseguridad y el crimen, hay otros factores que vulneran los derechos de los niños y adolescentes y que están en ascenso, tales como el trabajo infantil y el abandono.

De acuerdo a los registros del sistema de ayuda ECU-911, desde 2022 hasta el 24 de mayo de este año, se han hecho 1.094 alertas en todo el país sobre explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se ha alertado de 371 niños abandonados.

No obstante, Navarrete subraya que hay un nuevo factor que toma fuerza: el reclutamiento forzoso para ser adheridos a las bandas delincuenciales. “Estos reclutamientos también incluyen la trata de personas y explotación sexual”, detalla.

Justamente en ese punto, Guerrero reflexiona sobre la importancia de no discriminar y sí rehabilitar para reinsertar a menores de edad que cometen delitos, pero con un proceso real que no los regrese a las mismas condiciones que los llevaron a cometer las infracciones. “Los niños y adolescentes que tienen conflictos con la ley tienen que ser parte de una política integral”.

No transmitirles miedo

La rehabilitación en niños y adolescentes es clave para la reeducación en el país, en cuanto a seguridad, dice el psicólogo clínico Gino Escobar.

No obstante, para él, más allá de los crímenes es el miedo que se genera entre los adultos y que se traspasa a los niños lo que marcará en el futuro una sociedad más débil.

“Si transmitimos miedo, cultivamos el miedo. Los niños tienen muy elevada su capacidad de autoestima y amor propio, pero su sensor para poder identificar el mundo es a nivel de las emociones y si los adultos de su alrededor sienten mucho miedo por la inseguridad, esto les va a ocasionar un nivel de incertidumbre a los menores”, explica.

Escobar recomienda que no se normalice la violencia entre los adultos.

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