Los sospechosos armaban historias ficticias para convencer a sus víctimas y pedirles dinero a cambio de liberar a algún familiar que supuestamente había sido detenido por algún delito o infracción.

Investigadores de la Policía Judicial (PJ) tomaron la denuncia de una monja que, al parecer, fue extorsionada. Ella les contó que recibió la llamada de un presunto gendarme, quien le dijo que su sobrino había sufrido un accidente.

La religiosa se asustó cuando el 'dizque agente del orden' le comentó que su pariente fue el causante del siniestro y que provocó la muerte de una señora en estado de gestación.

Por esto, el agente 'trucho' le pidió 1.000 dólares a la mujer para no llevar detenido a su familiar y para solventar algunos gastos médicos de otras personas que resultaron heridas en el supuesto accidente.

La víctima, consternada y con miedo, hizo una transferencia bancaria por la cantidad que le exigieron. El estafador le pidió otros mil dólares y le dijo que deberían ser entregados personalmente a unos individuos.

En ese momento, la religiosa dudó de los hechos. Lo denunció a la PJ y los investigadores determinaron que la llamada del presunto agente provenía desde dentro del Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca. Además, se percataron de que dos reos serían los causantes de las extorsiones.

Los gendarmes allanaron sus celdas. Allí cayeron –otra vez– Jorge Mármol, alias Javico, y Anderson Toapanta, alias Maestrito, quienes registran varios antecedentes penales por robo, asesinato y tenencia ilegal de armas.

Ellos también serían los cabecillas de una banda denominada Los María Luisas, cuyos integrantes se dedicaban a la extorsión y otros delitos.

En busca de los cómplices

Más tarde allanaron domicilios en el centro de la capital y en Iñaquito, en los cuales capturaron a dos mujeres y tres hombres, quienes, al parecer, eran los encargados de recibir billete e intimidar a la víctima.

Como evidencia, encontraron seis celulares y cuatro comprobantes de transferencias por el monto de 1.000 dólares.

Jorge Adathy, coronel de la PJ, recomendó a la ciudadanía que antes de hacer una transferencia verifiquen la información que les están dando. “Pueden llamar a otros familiares para saber si es verdad lo que les dicen”. Si presumen un delito, el oficial dijo que se debe llamar a la Fiscalía o a la PJ.