Las organizaciones terroristas también buscan dominar el espacio marítimo de Ecuador para cometer delitos. Usan lanchas y semisumergibles. También pretenden atraer a gente fuera de sus filas para que se encargue del traslado: pescadores. En el mejor de los casos, los captan con dinero. A otros hasta los amenazan para que trabajen aunque no quieran. Quizá la vida en el mar ya no es tan sabrosa.

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Esta peligrosa realidad, que se camufla entre las aguas, redes y anzuelos, enfrenta a quienes se dedican a este oficio a una decisión compleja: ¿la pesca o el crimen? Algunos han sido reclutados como cooperantes involuntarios para transportar droga, combustible y armamento. Otros son parte de las redes de informantes.

“Muchos compañeros están presos en países de Centroamérica porque fueron capturados con droga. Otros tuvieron que abandonar sus embarcaciones y dedicarse a otras actividades porque fueron amenazados de muerte si no accedían a transportar droga por el mar”, cuenta un pescador del Puerto Pesquero de Esmeraldas, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Faltan escasos días para que se cumpla el primer año de un hecho trágico en ese puerto. Allí, el 11 de abril de 2023, nueve pescadores fueron acribillados. Sus edades oscilaban entre los 44 y 74 años. Sin antecedentes delictivos ni juicios, se convirtieron en víctimas de una rivalidad feroz entre las organizaciones delictivas locales.

Los vínculos voluntarios y a la fuerza entre pescadores y organizaciones terroristas también están presentes en otras provincias, según información del Comando de Guardacostas (Coguar), de la Armada del Ecuador. Y además del tráfico de drogas, hay cuatro actividades ilícitas más que regularmente ocurren en el espacio marítimo (ver infografía a continuación).

Kléber Carrión, oficial superior de la Policía Nacional en servicio pasivo y máster en Seguridad Pública y Orden Ciudadano, explica que la participación de pescadores en delitos en alta mar, principalmente narcotráfico, tiene al menos más de 15 años. Según el experto en seguridad, esta situación tiene dos momentos claves: los primeros hallazgos en las playas de paquetes de drogas, arrastrados por la marea (cuatro casos en Manabí, en 2006); y el cierre de la base militar de Estados Unidos en Manta (en 2009).

“Se comenzó a encontrar bloques de drogas y ahí ya empezaba el primer acercamiento de las organizaciones narcodelictivas para utilizar a la pesca artesanal (...). Hubo un cargamento que se cayó y ellos (los pescadores) empezaron a captar; no todo fue recuperado por el Estado. Hubo kilos que se quedaron en manos de ellos. No devolvieron, comercializaron y se dieron cuenta del gran negocio que existía”, detalla.

Añade que, a más del interés por ganar más dinero que usualmente no conseguirían en su oficio, los pescadores toman esa decisión por otros factores: el abandono y descuido en obras para sus localidades, el poco acompañamiento al sector pesquero artesanal y, finalmente, un escaso trabajo para incentivar que dejen la informalidad y se asocien a gremios legalmente constituidos.

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Según datos del Coguar, las formas de cómo distribuir el alcaloide son distintas según la región del país. En el caso del golfo de Guayaquil, se utilizan muelles irregulares, algunos ubicados en el Guasmo y en el suburbio, para desde ahí partir en lanchas rápidas hacia las cercanías de los puertos de la ciudad y desde el agua subir por cabos la ‘merca’ hacia los buques portacontenedores. Otra modalidad es contaminar los contenedores antes de sus traslados a los puertos.

Pero en Manabí y en Esmeraldas, los cargamentos suelen ir en barcos pesqueros que tienen dentro lanchas usadas para pescar mar adentro. Pero estas pequeñas embarcaciones finalmente son aprovechadas para luego dejar la carga en Centroamérica, en países como Nicaragua o El Salvador. Incluso en Norteamérica, en México.

En ese trayecto es que suelen ser capturados por uniformados de esas naciones y no se vuelve a saber de ellos, pues permanecen presos por ese delito. Sin embargo, sus familiares no tienen noticias de ellos en Ecuador y los reportan como desaparecidos.

También se usan semisumergibles, que van directo a las cercanías de los puertos extranjeros, pero que también han sido interceptados durante el periplo hacia esos países.

De acuerdo con datos policiales, las organizaciones criminales ofrecen hasta 70.000 dólares a los pescadores para que movilicen los cargamentos de droga a Centroamérica.

En esta modalidad de narcotráfico, la droga sale de Colombia hasta alta mar y allí se entrega a los pescadores artesanales ecuatorianos, que parten vía las islas Galápagos hacia Centroamérica con cargamentos de entre 50 y 500 kilos.

El Coguar realiza patrullajes en el golfo de Guayaquil, que incluyen recorridos por las áreas fluviales de acceso a los puertos de la ciudad. En esos operativos han detectado embarcaciones con cargamentos de este tipo. Estas acciones se cumplen en las otras provincias en donde se ha registrado el traslado de drogas por agua, complementadas con trabajos de inteligencia, que también se ejecutan en conjunto con otros países.

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Para Carrión, este último punto debe mejorar. En su opinión, muchos de estos operativos son predecibles y eso hace que sean evadidos por los implicados. “Lo que se necesita es fortalecer la investigación e inteligencia, para que se logre no únicamente alejar la situación, sino neutralizarla”, enfatiza.

En el presente estado de excepción, las incautaciones y detenciones en los espacios fluviales han aumentado, según la Armada. Pero las organizaciones terroristas están al acecho, planificando su estrategia para no ser descubiertas. Y contra eso hay que luchar, definitivamente. 

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