Los decretos presidenciales van y vienen. El último, el 500, emitido el martes 7 de enero, dejó a muchos boquiabiertos: Daniel Noboa le encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert del 9 al 12 de enero. Antes de esto, Noboa la designó como vicepresidenta también por decreto, dejando a un lado a Verónica Abad, con quien fue elegido en 2023.

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A esto se suma que el primer mandatario no ha querido tomar licencia para hacer campaña electoral para las elecciones del próximo 9 de febrero, como establece el artículo 93 del Código de la Democracia.

En el Decreto 500, Noboa aduce que se ausentará del cargo por “motivos de fuerza mayor”. Luego, Valentina Centeno, jefa de la bancada del partido oficialista (ADN), confirmó en una entrevista en un canal que se trata de la campaña electoral. El ministro de Gobierno, José De La Gasca, en una entrevista en radio Platinum agregó también que “el presidente, cuando quiera hacer campaña, va a encargar la Presidencia de la República”.

Preocupación por la Democracia

La opinión pública ha estado ‘on fire’. Por ejemplo, un grupo de juristas, bajo la denominación de Foro por la Democracia, emitió un comunicado en el que sostiene que las decisiones de Noboa son actos que afectan al Estado de Derecho. “Expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación por la continua y sistemática inobservancia de la Constitución y las leyes”, se lee en dicho texto.

André Benavides, abogado constitucionalista y uno de los suscriptores del documento, dijo a EXTRA que estas decisiones “son un despropósito jurídico”, puesto que la campaña electoral es una actividad planificada. “De fuerza mayor es algún imprevisto, una emergencia”, aseveró.

Así como la designación de Gellibert como presidenta encargada, pues ante la obligatoriedad de solicitar licencia ese rol le corresponde por ley a Verónica Abad, al haber sido elegida en las urnas.

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