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Miembros del “Movimiento Afro del Azuay” y familiares vigilan desde esta mañana el desarrollo del juicioJAIME MARÍN

Inició juicio contra presunto femicida que segó la vida de una mujer con 113 puñaladas

La diligencia es vigilada por colectivos defensores de los derechos de la mujer a la espera de la máxima sentencia para el acusado

Con gritos de: “justicia, basta ya, que pague la máxima sentencia”, que fueron apagados por pedido de los jueces, varios de los miembros del “Movimiento Afro del Azuay” y familiares vigilan desde esta mañana el desarrollo del juicio en contra de Byron Francisco G., de 26 años. El hombre está acusado de haber matado a una de las integrantes del movimiento Afro, Maribel Pinto, de 38 años.

La mujer recibió 113 puñaladas. El hecho ocurrió la madrugada del 4 de noviembre del 2020 y conmocionó a los cuencanos.

La muerte de la fémina fue calificada de “brutal e inconcebible”, pues no hubo parte del cuerpo que no evidencie la agresividad con la que actuó el procesado.

El día del hecho, considerado como femicidio por la Fiscalía, la víctima fue hallada por los agentes policiales en el piso y en medio de mucha sangre, sin sus prendas de vestir.

El crimen ocurrió en el interior de una mecánica, situada al este de Cuenca, en las calles Carihuairazo y Hurtado de Mendoza. Al supuesto autor, quien se encontraba junto a un cuchillo con las manos y ropa manchados de sangre,  intentó huir, pero fue aprehendido por los policías.

La Fiscalía, durante la audiencia de juicio que inició a la mañana de hoy miércoles 30 de junio, entre los elementos de convicción presentó las versiones de la hija y dos amigos de la víctima. Se complementará con los testimonios de los policías que acudieron al lugar de los hechos y de agentes de la Dinased que investigaron el caso.

Se sumarán los informes de pericias psiquiátrica, psicológica y la evaluación de entorno social realizados al acusado, quien no tenía ninguna relación sentimental con la fallecida.

Dato

Si el procesado es hallado culpable, podrá recibir una pena de 22 a 26 años de cárcel, según lo determina el Código Orgánico Integral Penal.