El martes 22 de abril se realizará una audiencia clave que podría cambiar las medidas cautelares impuestas a uno de los cuatro docentes acusados de agredir sexualmente a dos estudiantes de un colegio en Cayambe, provincia de Pichincha.

La Fiscalía buscará que se ordene prisión preventiva, ya que el sospechoso habría incumplido una orden de alejamiento al intentar acercarse a una de las víctimas, lo que llevó a la apertura de un segundo proceso judicial en su contra.

Detalles del caso de agresión sexual en Cayambe

Según la denuncia, el 28 de febrero, los cuatro docentes habrían llevado a dos adolescentes al domicilio de un conocido, donde presuntamente las agredieron sexualmente. Previamente, habrían suministrado una bebida que las dejó parcialmente inconscientes. Desde entonces, según el abogado de las víctimas, se han detectado irregularidades en el proceso judicial.

Las irregularidades y dudas en el caso

Una de las principales preocupaciones es que no todos los acusados se encuentran detenidos, pese a que un examen médico legal confirmó que las jóvenes fueron víctimas de abuso y los implicados reconocieron haber estado en el lugar de los hechos.

Además, la Fiscalía solicitó una diligencia para evaluar la capacidad de las víctimas para rendir testimonio, lo que ha generado inquietud, ya que, según el abogado, esta evaluación se suele aplicar solo en casos de personas con discapacidad mental. “Una de las estudiantes es abanderada y la otra mantiene buen rendimiento académico. Esta diligencia no tiene fundamento”, señaló.

Entre las evidencias clave figura un frasco de jarabe hallado en el lugar donde habría ocurrido la agresión. Según el abogado, esta sustancia, al mezclarse con alcohol, puede causar pérdida de conciencia o de control sobre el cuerpo.

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El caso continúa en etapa de instrucción fiscal, misma que fue ampliada por 30 días tras la vinculación del dueño del inmueble donde habrían ocurrido los hechos. Se espera también el resultado de una pericia que podría demostrar que los implicados ejercieron presión sobre las adolescentes, aprovechándose de su posición de autoridad.

Uno de los indicios de esa presión, indicó el jurista, es el incumplimiento de la boleta de auxilio que pesaba sobre uno de los sospechosos.

La respuesta del Ministerio de Educación

La ministra de Educación, Alegría Crespo, se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), expresando que el caso “duele, conmueve e indigna”.

También aseguró que se activaron los protocolos correspondientes para proteger a las víctimas y garantizar su atención inmediata.

Sin embargo, el abogado de las jóvenes sostiene lo contrario. Asegura que las estudiantes estuvieron expuestas a sus agresores durante varios días antes de que se les permitiera continuar sus estudios desde casa.

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