E l 4 de septiembre de este año inició una crisis ambiental sin precedentes en Quito debido a incendios forestales que ocurrieron desde Itulcachi (oriente) hasta Nono, en el occidente. En ese extenso tramo, muchos focos se encendieron al mismo tiempo, lo que hizo sospechar que fueron provocados.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó estos sucesos como criminales y terroristas 19 días después, durante el megaincendio que comenzó en un predio de Pacaypamba, en el oriente de la urbe, y se extendió a Guápulo, al barrio Bolaños, al sector González Suárez y a Bellavista. Sin embargo, desde inicios de septiembre hasta ahora no se ha demostrado judicialmente que estos casos sean terrorismo.

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Desde que comenzó la crisis por el fuego hasta el cierre de este reportaje se hicieron públicos ocho incendios en la capital, identificando a 10 personas como presuntas responsables. De ese número, solo cuatro están bajo prisión preventiva y serán juzgadas en los próximos días de octubre por el delito de incendios forestales, y no por terrorismo.

En cuanto a los demás, tres sujetos no han sido detenidos a pesar de estar filmados, un taxista fue llamado a juicio, pero tampoco ha sido aprehendido. Las dos últimas personas capturadas en Quito por quemar llantas fueron liberadas, ya que se demostró que su labor estaba siendo controlada.

De estos ocho casos, en tres de ellos los implicados afirmaron ser recicladores. Sus detenciones ocurrieron del 12 al 26 de septiembre, en Las Palmeras (norte de Quito), El Chiche (oriente) y El Panecillo (centro).

A los dos primeros los encontraron quemando cables en áreas que podrían haber sido destruidas si el fuego crecía. Ambos aseguraron que lo hacían para extraer cobre y comercializarlo, afirmando que su intención no era provocar un daño ambiental, aunque aún así recibieron prisión preventiva.

Sin embargo, para Kathy Coral, ingeniera química con maestría en Ingeniería Ambiental y profesora de la Universidad Internacional SEK, estas personas cometieron una ilegalidad a pesar de no ser terrorismo. “En Quito se conformaron asociaciones de recicladores con personería jurídica que saben cómo gestionar desechos. Estas personas que dicen ser recicladoras sin conocimiento cometen una irresponsabilidad”.

Si realmente pretendían extraer el metal de los alambres, como argumentaron dos de los implicados, debían acudir a una empresa especializada. “Al no hacerlo, se están violentando normativas que rigen en nuestro país”, precisa Coral.

Al proceder de esta manera se produce una sustancia altamente cancerígena que afecta en primera instancia a estos individuos. “Los recicladores de base saben de esto y por eso no queman plástico para evitar daños a su salud y al ambiente”, añade la especialista.

El argumento del terrorismo cobró más fuerza cuando, en Guápulo, donde el incendio arrasó grandes extensiones de terreno, se encontraron dos canecas con aceite mezclado con diésel. Sin embargo, no hubo detenidos que respondieran por estos hallazgos.

Finalmente, esa hipótesis no pudo extenderse a cinco incendios forestales que entraron en un proceso judicial debido al escaso tiempo que la Fiscalía dispuso para investigar los casos.

En cinco de los ocho sucesos, los implicados ya fueron llamados a juicio después de 20 días a partir de la fecha de la audiencia de flagrancia. Esto ocurrió porque en todos ellos se aplicó el procedimiento directo, no por terrorismo, sino por incendios forestales.

Roberto Calderón Posso, abogado litigante en materia penal, explica que cuando se inicia un proceso penal por flagrancia, la Fiscalía, dentro del tiempo de investigación que dura hasta 30 días, debe recabar suficientes elementos para comprobar dos cosas: la responsabilidad del procesado y la existencia del delito.

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“Si luego de este tiempo se determina que la finalidad de estas personas fue crear o causar pánico a través de actos de terror, el fiscal pudo solicitar al juez de Garantías Penales una reformulación de cargos para cambiar al delito de terrorismo”.

Si se hubiera comprobado que existió este último delito, los procesados podrían haber enfrentado una pena de 19 a 22 años de cárcel. Era crucial recabar información como contactos y medios electrónicos, como computadoras y celulares, que demostraran si los detenidos actuaron de forma coordinada con otras personas detrás de estos hechos.

¿Por qué la Fiscalía decidió ir por procedimiento directo? Calderón Posso explica que el Ministerio Público es el ‘dueño’ de la acción penal y decide el delito por el cual se procesa, independientemente de las declaraciones que hayan dado autoridades como el alcalde Pabel Muñoz. Por eso, en los procesos abiertos por el delito de incendios forestales, la carga probatoria no debió ser tan extensa ni compleja como lo hubiera sido si se investigara un delito de terrorismo.

“Fiscalía debió optar por el procedimiento directo porque le resultaba más fácil probar estos hechos en lugar de seguir un proceso más largo, engorroso y con mayores riesgos de perder en los tribunales”, concluye el jurisconsulto.

Un grupo de personas en situación de calle habría estado consumiendo drogas en una ladera del sector de Carcelén, en el norte de la capital, la tarde del 1 de octubre. Uno de ellos, al parecer, arrojó una colilla de cigarrillo encendida en el césped, lo que provocó una pequeña llama. Los indigentes no prestaron atención y, en cuestión de segundos, se formó un incendio forestal que atrapó a uno de ellos entre las llamas.

Este hombre salió corriendo a un lugar más seguro y se lanzó a la calle para tratar de apagarse el fuego. Algunos moradores del sector lo ayudaron y lograron salvarlo de morir. Sin embargo, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Fue llevado a una casa de salud cercana, donde atendieron sus heridas.

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