Un juez ordenó la vinculación de un militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), con rango de teniente coronel, en el proceso investigativo por la supuesta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sur de la ciudad de Guayaquil, quienes posteriormente fueron encontrados calcinados, en un caso que causó indignación generalizada en la ciudadanía. El crimen es conocido bajo la denominaciñon de Caso Malvinas.

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El fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía General del Estado a cargo del caso, aseguró durante la audiencia de vinculación que el teniente coronel Juan Francisco I. tuvo conocimiento del operativo militar, acudió al lugar de los hechos, levantó indicios y evitó entregar información de manera oportuna, lo que evitó que las víctimas puedan ser localizadas con vida.

El magistrado que conoció los nuevos detalles del caso acogió el pedido de la Fiscalía y, aunque no ordenó prisión preventiva, sí le impuso como medidas sustitutivas la prohibición de salida del país, presentación dos veces por semana ante la Fiscalía Provincial de Guayas, retención de cuentas bancarias en el Sistema Financiero Nacional e impedimento de enajenar bienes muebles e inmuebles en todo el territorio nacional.

¿Cómo ocurrió la desaparición y muerte de los menores del Caso Malvinas?

El 8 de diciembre de 2024, tres adolescentes y un niño habrían sido aprehendidos en los alrededores de un centro comercial en el sur de la ciudad de Guayaquil. Estos fueron llevados posteriormente a una vía de tercer orden en la parroquia Taura, en el cantón Naranjal (Guayas) a más de 40 kilómetros de distancia, donde habrían sido abandonado, desnudos.

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Los militares justificaron su accionar contra el niño y tres adolescentes involucrados, asegurando que estos estaban asaltando a personas en la inmediaciones de un paso peatonal elevado y que por eso los detuvieron.

Sus cuerpos aparecieron el 24 de diciembre en una zona pantanosa, de difícil acceso, a la que solo se podía acceder por vía fluvial. Estaban calcinados, totalmente irreconocibles, por lo que se debió practicar pruebas forenses para determinar que se trataba de ellos.

Con la vinculación del teniente coronel Juan Francisco I., suman 17 los militares investigados en este caso. La Fiscalía pidió que se amplíe por otros 30 días las instrucción fiscal, que inicialmente se había fijado en 90 días.

El artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el crimen de desaparición forzada y le impone pena privativa de libertad de entre veintidós y veintiséis años.

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