Desde diciembre de 2021, la ecuatoriana Jéssica Pozo Pilay vive una pesadilla. Las autoridades de Bélgica, adonde llegó de vacaciones junto a su exesposo, originario de ese mismo país europeo, y sus dos hijos, le concedieron la tenencia temporal de los niños al padre, y ahora lucha no solo por recuperar la tutela de los pequeños, sino también por traerlos de vuelta a su país de nacimiento.

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En su peregrinación, Jéssica, de 44 años y oriunda de la provincia de Santa Elena, ha recorrido la embajada y el consulado ecuatoriano en Bruselas, capital belga, y ha acudido a organizaciones de ayuda a las mujeres, pero ninguno de sus requerimientos ha sido atendido.

Con la esperanza de conseguir ayuda de las autoridades ecuatorianas, el 28 de febrero regresó a su tierra, donde también ha tocado varias puertas de instituciones y organismos con la finalidad de ser escuchada y recibir asistencia por parte de alguna autoridad gubernamental.

“He hecho de todo. No me canso de luchar por recuperar a mis hijos. Hace una semana envié una carta al presidente Daniel Noboa pidiendo asesoría y ayuda para traer a mis hijos a Ecuador. Aunque no recibí una respuesta directa, la carta fue derivada a diferentes organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Dirección Provincial de Pichincha y la Asistencia Legal de la Familia, Niñez y Adolescencia. En una reunión que tuve el 24 de abril manifestaron su disposición para ayudarme, pero no saben cómo hacerlo”, cuenta Jéssica.

La santaelenense sostiene que se siente burlada, ya que durante tres años ha asistido a varias diligencias judiciales en Bélgica y ha hecho todo lo que las autoridades de dicho país le han solicitado, pero nada de lo que ha realizado le ha servido para recuperar a sus hijos, quienes en la actualidad tienen 8 y 7 años.

“Llevo tres años de lucha, pero seguir un juicio en ese país es una burla. Me dicen: ‘consiga esto...’, sigo todos los pasos, pero mis hijos siguen retenidos. Ellos no reciben el cuidado que una madre les puede dar ni la atención que necesitan, pero como no hablo el idioma (neerlandés), prefieren dárselos al padre. Apenas llegué a Ecuador, fui a la cancillería que queda en el Ministerio del Litoral, allí me dijeron que iban a organizar una reunión para tratar mi caso, pero me siento desprotegida”.

Tras meses de separación y conflictos de pareja, en 2021, Jéssica y el belga, a quien conoció en 2013 durante un viaje de trabajo a Manta (Manabí), decidieron divorciarse.

Según cuenta la señora, el matrimonio se volvió un calvario para ella, ya que el hombre amoroso y tierno que conoció en Ecuador se convirtió en un ogro al llegar a Bélgica.

“Fuimos a Bélgica para que mis hijos conocieran a sus abuelos paternos, pero debido a la pandemia nos quedamos atrapados en ese país. Al poco tiempo comenzaron los maltratos psicológicos, ya no compartíamos en familia, él siempre estaba molesto y amargado. Fuimos a juicio porque él quería quedarse con mis hijos. La justicia lo respaldó, y a mí me permitían ver a los niños de miércoles a domingo, pero solo por unas horas”.

Los documentos como las cédulas y los pasaportes de los niños, quienes tienen doble nacionalidad (ecuatoriana y belga), están en poder del padre.

En 2023, la pareja tuvo otro juicio por la custodia de los niños, y nuevamente las autoridades le concedieron la tutela al padre, alegando que ella no tiene un trabajo estable ni casa propia.

“Mis hijos no pueden salir del país, incluso yo necesito la autorización de mi expareja para poder abandonar Bélgica. Ahora tengo miedo de regresar, no sé si tendré problemas legales al hacerlo. Mi retorno estaba programado para finales de abril de 2022, pero por problemas de salud tuve que posponer el viaje para la segunda semana de mayo. Me voy como vine, sin ninguna noticia alentadora, y así llevo tres años. Nadie me dice qué hacer ni a dónde ir. Me siento desamparada”, expresa con pesar.

El asesor en relaciones internacionales, diplomacia y seguridad, Santiago Orbe Guzmán, afirma que, al tratarse de un hecho judicial que no ocurrió en nuestro territorio, el proceso legal debe resolverse en Bélgica, pero que la compatriota puede acercarse al consulado ecuatoriano en dicho país para solicitar asesoría, y que ellos tienen la obligación de garantizar sus derechos como madre.

“La señora está en una situación de indefensión ante el estado belga, ya que no tiene las capacidades para ejercer su derecho y no ha tenido una protección adecuada. Lo peor que le puede pasar a un ecuatoriano es que pierda su integridad jurídica. La cancillería debe proporcionarle asesoría legal y dirigirla hacia un profesional del derecho. Para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores, para que un funcionario ayude a los ecuatorianos a golpear las puertas con cultura”, indica.

El hecho de que los niños tengan doble nacionalidad abre un camino de esperanza para la madre, quien a pesar de las vicisitudes y contratiempos de los últimos tres años no ha podido brindarles el calor y la protección de una madre debido a cuestiones legales. Según el analista, “a pesar de las dificultades es posible que la madre pueda recuperar a sus hijos”.

Para el excanciller ecuatoriano Marcelo Fernández de Córdoba es importante que nuestro Gobierno, a través de la embajada y el consulado de Ecuador en Bélgica, intervenga y le brinde asesoría legal y ayuda a la madre.

“Es obligación moral del consulado velar por los ciudadanos ecuatorianos en el país en el que están. La señora tendría que dirigirse a la cancillería llevando los documentos legales que tiene, las partidas de nacimiento de sus dos hijos apostilladas. Es posible que la cancillería en Quito tenga que instruir a nuestro consulado en Bruselas para que le presten la ayuda que ella necesita. Es complicado, pero no imposible, porque la patria potestad le corresponde a la madre, más en el caso de las niñas”, asienta el ex diplomático.

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