José Ignacio Franco Magallanes, antes funcionario del Estado y ahora socio tanto de Aquiles Álvarez como funcionario clave de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad (ATM), también figura como accionista en Fuelcorp S.A., una empresa implicada en acusaciones de tráfico de combustibles por parte del Gobierno Nacional.

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Franco tiene un historial significativo en el ámbito de los combustibles. Desde 2019 hasta 2021, ocupó varios cargos en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, incluyendo el de director técnico de combustibles en diferentes períodos. Además, desempeñó roles destacados en otras entidades reguladoras como la Agencia de Regulación y Control Minero y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), según su declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado.

Tras una pausa en su carrera pública, Franco hizo la transición al sector privado en marzo de 2022 como accionista de Fuelcorp S.A. En ese mismo período, estableció una relación comercial con Aquiles Álvarez al asumir la gerencia de una filial de Copedesa S.A., empresa de petróleo y derivados donde el alcalde de Guayaquil posee una participación mayoritaria.

Fuelcorp S.A., vinculada a Copedesa S.A., enfrenta serias acusaciones de tráfico de combustibles según una denuncia del Gobierno Nacional. Álvarez, por su parte, ha tratado de separarse de estas acusaciones afirmando que su relación con Fuelcorp S.A. es exclusivamente comercial.

Sin embargo, la relación entre Álvarez y Franco trasciende la esfera comercial de combustibles. En 2023, durante la administración de Álvarez, Franco fue designado como gerente general de la ATM, consolidando así su influencia en un área crucial para la ciudad de Guayaquil.

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