Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte del Guayas, buscaba asegurar su futuro mediante inversiones en bienes raíces. El 20 de mayo de 2021, firmó en la Notaría Sexta de Guayaquil una promesa de compraventa para una oficina y un parqueadero en el moderno edificio Soho, por un valor de 167,132 dólares.

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Estos detalles están documentados en el expediente del caso Purga, donde la jueza penal enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada. En su última declaración juramentada ante la Contraloría, correspondiente a 2022, Gallardo no mencionó la compra de este inmueble.

Solo declaró una hipoteca de 2009 sobre su vivienda en Samborondón. En 2021, al comprometerse con la compra de la oficina, la promotora inmobiliaria le solicitó llenar un formulario de debida diligencia, en el cual afirmó que los fondos utilizados eran de origen lícito.

Sin embargo, no especificó el método de financiamiento, dejando en blanco los apartados sobre si los pagos serían en efectivo o mediante transferencias. Lo que sí indicó fueron los nombres de sus referencias de confianza. Uno de sus contactos fue Mercedes Villarreal, ex directora encargada de la Judicatura del Guayas, quien ha ocupado cargos como directora disciplinaria y actualmente también es procesada en el caso Purga.

De acuerdo con el expediente, Gallardo pagó, hasta su arresto, 31 cuotas que sumaron 62,599 dólares, quedando pendientes 104,776 dólares. Estos datos emergen mientras la Fiscalía está próxima a cerrar la instrucción fiscal. Se prevé que la fase de investigación concluya el lunes 3 de junio.

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Sin embargo, aún se está procesando la entrega de información financiera, notarial y bancaria, así como la extracción de información de los procesados y otras personas relacionadas que han surgido recientemente.

Por ejemplo, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Análisis Financiero información sobre las transacciones y movimientos económicos de 12 personas. Entre ellas están Javier Medina Bazurto, Bryan Batioja Gruezo, Luis Cahuana y Luis César Samaniego Aguilera, funcionarios del Municipio de Guayaquil hasta 2020, según sus declaraciones patrimoniales.

También figuran abogados, emprendedores y proveedores de servicios al Estado. En este nuevo listado de investigados se encuentran Víctor Ricardo Tabara Castro, asesinado en enero de 2022 en Durán, y Víctor Geovanny Toala Guerrero, beneficiario de predios rurales entregados por el Ministerio de Agricultura en 2021.

Toala Guerrero aparece en el mismo listado junto con Fausto Alarcón, primo del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, cuando ambos fueron beneficiarios de adjudicaciones agrarias en el predio Mariva-Laminper, parte de un proceso irregular de redistribución de tierras entre Durán y Yaguachi.

Aún no está claro si la Fiscalía solicitará una vinculación y extenderá la fase de instrucción fiscal. Mientras tanto, la entidad solicitó autorización el martes pasado para materializar los correos electrónicos de Fabiola Gallardo y otros jueces procesados, como Johann Marfetán, Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Alberto Lino Tumbaco, Guillermo Valarezo y otros.

Si la Fiscalía concluye la instrucción, el siguiente paso es la presentación de su dictamen basado en los elementos recopilados. La Procuraduría también debe presentar su acusación particular. El Banco del Pacífico ya se ha presentado como acusador particular, solicitando una reparación de 6.5 millones de dólares.

Para la defensa de Fabiola Gallardo, las acusaciones de la Fiscalía son infundadas. La estrategia de defensa se basa en el argumento de que no existen pruebas de que Gallardo haya otorgado beneficios, ya sea por amistad o mediante intimidación a jueces, en favor del exasambleísta Pablo Muentes, a quien la Fiscalía identifica como "el amigo".

La defensa argumenta que fueron los peritos quienes determinaron que en el juicio entre el Banco del Pacífico y Muentes, este último ya había saldado un préstamo. Además, sostiene que Gallardo no otorgó ningún beneficio a Adolfo Macías (alias Fito) ni a Daniel Salcedo.

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