El asesinato de un policía el jueves 21 de marzo del 2024 en Babahoyo, cantón de la provincia de Los Ríos, y el crimen del viernes22 de marzo  contra un hombre conocido como Tarzán, en Pascuales, parroquia guayaquileña, son parte de las últimas alertas de una realidad preocupante: el efecto positivo del estado de excepción se está terminando. ¿Qué pasará cuando finalice la medida?

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Para responder esa pregunta, primero hay que tener claro lo que viene ocurriendo. El estado de excepción nació de un decreto ejecutivo del 8 de enero, con una vigencia de dos meses (hasta el 8 de marzo). Luego fue renovado para un mes más (hasta el 8 de abril).

El 23 de enero, dos semanas después del decreto, el general César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, indicó que antes de la medida había, en promedio, 27,6 casos diarios de muertes violentas. Pero a partir del estado de excepción la cifra se redujo a 10,8 casos diarios. Además, hasta esa fecha (23 de enero) se detuvo a 158 terroristas, se recapturó a 32 personas privadas de la libertad, 11 policías fueron liberados, 2 gendarmes fueron asesinados y hubo 13 atentados a infraestructuras policiales.

En balances posteriores, las cifras estuvieron a la baja. Pero durante el presente mes de marzo, en ciudades como Guayaquil y Durán, en Guayas; y en la provincia de Santa Elena, hubo un repunte de crímenes, de acuerdo a un registro de este Diario. Y eso solo por citar la zona costera del país. EXTRA consultó a la Policía Nacional si desde la renovación del estado de excepción aumentaron los delitos en el país y en qué zonas. También qué estrategias se aplicarían luego, pero no hubo respuesta previo a concluir este reportaje.

El repunte de muertes violentas en marzo, entre las cuales constan el caso del policía asesinado en Babahoyo y el de otro uniformado acribillado en la vía Durán-Tambo, coincide con el poco tiempo que le queda al estado de excepción. Ismael Quintana, abogado y experto constitucionalista, recalca que el Gobierno ya no puede renovar la medida nuevamente. Lo que implica que se vaya pensando en otras estrategias para que no sigan aumentando los delitos.

“La Constitución establece que el presidente, al momento de decretar el estado de excepción, puede definir que este tenga una duración de hasta 60 días. La misma Constitución le faculta hacer renovaciones por 30 días más. No establece un límite de veces que el presidente pueda hacer decretos renovatorios (...). Pese a la claridad de la disposición, ha sido la Corte Constitucional la que, a través de sus dictámenes, indicó que la renovación de hasta 30 días más puede ser hecha por una sola vez”, recalca.

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Sin embargo, menciona que la Corte Constitucional, en el dictamen de constitucionalidad del vigente estado de excepción, hizo una aclaración respecto a las Fuerzas Armadas.

“Esta Magistratura recordó que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de las competencias ordinarias e, incluso, en caso de conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”, comunicó la corte.

Para Quintana, esta aclaración deja abierta la posibilidad de que el personal de las Fuerzas Armadas pueda seguir actuando, aunque ya no haya un estado de excepción vigente.

El experto, además, hace hincapié que en la consulta popular y referéndum, que se llevará a cabo el 21 abril, hay una pregunta en la cual se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo en reformar parcialmente la Constitución para que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.

“La intervención de las Fuerzas Armadas con la reforma parcial, que va a ser sometida a consideración ciudadana, ya no requeriría estado de excepción, sino que sencillamente con un informe de la Policía Nacional, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y bajo los delitos que se establecen en la propuesta de reforma parcial, se podría permitir o disponer la intervención”, explica.

Fernando Carrión, experto en seguridad y catedrático universitario, comenta que el estado de excepción permitió controlar las cárceles del país. Pero al finalizar la medida, el control pasaría de nuevo al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad), “una institución absolutamente desprestigiada, corrupta e ineficiente. El Gobierno debería reconstruir una nueva lógica institucional”.

También recalca que, como las acciones policiales y militares se enfocaron en las zonas más peligrosas del país, se podría producir un “efecto cucaracha”, es decir, que las organizaciones terroristas migren de territorios y luego se enfoquen en otro esquema de delitos para recuperar poder y economía. Por eso es importante que, mediante tareas de inteligencia, se detecte este comportamiento y se actúe en consecuencia.

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Carrión señala que, además, deben implementarse políticas a largo plazo, como mejorar y promover el acceso a la educación, de la mano de más empleo, para que los jóvenes no busquen oportunidades en las bandas. 

Mario Pazmiño, también experto en seguridad, coincide con Carrión en que podría haber problemas cuando las Fuerzas Armadas abandonen los centros carcelarios con la finalización del estado de excepción. Y esto podría influir en que las organizaciones terroristas también busquen retomar el control no solo en los centros de privación de libertad, sino también en la calle.

“Habrá un recrudecimiento de las acciones de violencia, si el presidente de la República no toma otras acciones para poder evitar que los militares salgan de los centros carcelarios”, analiza.

El especialista también amplía el panorama y expone que, al igual que Ecuador, otros países están teniendo problemas de inseguridad y de acopio de drogas. En este último punto están afectados Argentina, Brazil, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y nuestro país. Por ello debe haber una estrategia regional en respuesta.

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