Isabel Alvarado volverá a ingresar un escrito al ECU 911 para pedir respuestas por la supuesta filtración de información de la entidad a las funerarias que perjudicó a ella y su familia en un momento crítico.

Su madre tuvo un derrame cerebral. Isabel llamó a la central de emergencia para pedir ayuda y en lugar de llegar una ambulancia, le acecharon trabajadores de servicios exequiales.

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EXTRA publicó una serie de reportajes en los que desveló el presunto esquema de corrupción que hay detrás de esta mala práctica.

La mañana del martes 4 de junio, el ECU 911 emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señala que se ha presentado una denuncia ante el fiscal de Pichincha, para que se investiguen los hechos en los cuales podrían estar inmersos los organismos que articulan con esta institución.

Un día antes publicaron otro comunicado en el que presentaron a la abogada Ana María Ayala como la nueva directora del ECU 911, quien se encuentra en funciones desde el 29 de mayo.

Desde entonces hasta el cierre de la edición, las nuevas autoridades no se han contactado con Alvarado ni han tenido algún acercamiento.

Por eso, en el nuevo escrito, adjuntará los informes periodísticos de EXTRA para que quede constancia, según ella, “de la trama de corrupción que ha existido en la entidad”. Alvarado enfatiza que quiere saber por qué nunca acudió una ambulancia a la emergencia en la que moría su madre.

El abogado Hernán Ulloa, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, señala que la investigación que estaría en curso develaría una ramificación de varios actores y entidades dentro de un tramado de corrupción que podría llegar a un caso de delincuencia organizada. “En este país, ni a los muertos se les respeta”.

Dentro de este ‘aparataje delictivo’, según el jurista, pueden estar involucrados no solo los operadores y funcionarios de varios niveles de la central de emergencia, sino también policías, militares, personal de ambulancias; incluso, personas particulares como camilleros, conductores, entre otros.

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Ulloa añade que durante la investigación también se podría determinar que existe interceptación de comunicaciones. Según el abogado, puede haber alguien que, mediante mecanismos electrónicos, monitoreen lo que hacen los servidores púbicos.

Para el experto, hablar de delincuencia organizada no es descabellado; sobre todo, cuando se conoce que existe un pacto y un reparto entre los implicados para obtener beneficios como resultado de la información privilegiada que se filtra.

“No se trata del valor monetario, sino del acto. Hay una organización para obtener ventajas económicas”. Eso sí, Ulloa enfatiza que se debe determinar responsabilidades porque en este tipo de casos hay autores y cómplices.

Por su parte, Alvarado solo busca que se genere un precedente para que ninguna otra familia sufra la indolencia y negligencia que ella y sus parientes sufrieron producto de la filtración de datos. 

El ECU 911 se comprometió en aportar con documentos, fichas de registro, audios y videos para las investigaciones.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien casos de filtración de información por parte de la central de emergencia y así se puedan unificar esfuerzos “que permitan aportar al normal desarrollo de las investigaciones y combatir la corrupción”.

En Pichincha existen tres asociaciones que agremian a más de 70 funerarias. Existen otras que no están asociadas.

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