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La dura advertencia de Human Rights Watch al Presidente Daniel Noboa
El documento habla de una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha enviado una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, manifestando su "enorme preocupación" por el incremento de la violencia en Ecuador, que en los últimos años ha llegado a ser uno de los países con la mayor tasa de homicidios en la región.
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En este contexto, HRW ha solicitado repetidamente a las autoridades ecuatorianas que implementen políticas de seguridad efectivas y que respeten los derechos humanos, subrayando la necesidad de fortalecer "el frágil sistema de justicia del país".
El documento, firmado por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señala que desde la declaración de guerra interna en enero pasado, se han producido “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.
Un conflicto armado interno sin sustento legal
La entidad defensora de los derechos humanos cuestionó que el gobierno ecuatoriano no haya presentado pruebas suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional.
"La existencia de un conflicto armado—internacional o no internacional—no depende de la declaración o determinación que haga un gobierno o su presidente, sino de un análisis objetivo de los hechos sobre la base de los criterios establecidos en el derecho internacional", se destaca en el escrito.
Un conflicto armado no internacional se define como “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos”. Por ello, para declarar esta medida deben considerarse dos variables conforme al derecho internacional: el nivel de organización de los grupos armados y el nivel de intensidad de las hostilidades.
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“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, dijo Goebertus. “El gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles", concluyó.
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