Tamara Cedeño Flores presentó una denuncia por supuesta violencia política de género en contra de la asesora presidencial Diana Jácome.

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Es la exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República quien mantiene una relación sentimental con Andrés Pasquel, el denunciante del presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Este vínculo fue divulgado públicamente en rueda de prensa por Jácome. "Tenemos conocimiento de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Noboa, pero miren ustedes, la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de dónde proviene esta denuncia y esta relación...", dijo Jácome el pasado 22 de mayo de 2024.

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Esto, a criterio de Cedeño, constituye un acto de violencia política de género porque su destitución del cargo de directora administrativa financiera de la Vicepresidencia se da a las 14:25 del 22 de mayo, luego de la rueda de prensa de Jácome que fue, según la denuncia, a las 12:30.

"Dio por resultado afecciones directas a la denunciante, ocasionando la pérdida de su espacio laboral debido a la presión mediática generada. Mediante documento del sistema informático Quipux, la denunciante es cesada de sus funciones a las 14:25 del mismo día de la rueda de prensa, realizada el 22 de mayo del año 2024. Siendo este el hecho de violencia de género denunciado en la presente denuncia".

Según la denunciante, el hecho denunciado "me generó afección directa e indirecta entendiendo las garantías legales, los derechos constitucionales y adicionales de las normativas respecto a violencia de género", reza parte del documento facilitado a EXTRA; el mismo en el que solicita una serie de pericias informáticas para materializar varias publicaciones de prensa y redes sociales que recogieron las declaraciones de Jácome.

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Tamara Cedeño solicita al Tribunal Contencioso Electoral que se investigue y, de ser el caso, se sancione a la denunciada conforme lo establecido en el artículo 279 de la Ley Electoral. Este artículo establece las infracciones electorales muy graves, entre las cuales se incluye incurrir en actos de violencia política de género, que pueden ser sancionados con multas que van desde los 21 hasta los 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación que van desde dos hasta cuatro años.

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